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[Armando Mariaca]

Deforestar es condenar a la humanidad


Permitir fogatas ocasionales y en pequeña cantidad es una cosa pasable; pero, casi obligar, disponer y autorizar grandes quemazones tan sólo con el fin de “habilitar tierras para cultivo de alimentos y asentamientos humanos”, habiendo tierras aptas y productivas en muchos sitios de occidente y oriente del país, es irresponsable, especialmente en las reservas que cubren bosques y tierras muy susceptibles a quemazones, inundaciones y otros fenómenos que podrían generar grandes perjuicios. Lo que ocurre en la región de la Chiquitania con el fuego que arrasa con todo y que tiende a expandirse hasta el Beni, es irresponsable y hasta demencial; es contrario a todo principio de previsión y cuidado, atentatorio contra la vida y seguridad de la población y contra los bienes de la naturaleza como son la flora y la fauna. No se puede autorizar daños de magnitud para conseguir bienes circunstanciales y momentáneos.

No obstante las experiencias, (que han dejado costumbres adquiridas durante décadas), se aprobó la Ley 741 PDM y el DS 3.973 autorizando más quemazones, agrandándolas hasta llegar al millón de hectáreas; pero, sabiendo que la autorización legal implicó que el país se convierta en un infierno y tienda a destruirlo todo, no declarar estado de emergencia y requerir a la comunidad internacional con miras a conseguir ayuda para apagar los incendios, “tan sólo por intereses electoralistas para asegurar el voto de indígenas y campesinos” es irresponsable y hasta atentatorio contra la vida, el medio ambiente, el deterioro y destrucción de la naturaleza conjuntamente flora y fauna que son partes sustantivas de la vida nacional; es el colmo a que podría llegarse en los campos de la desidia, la incapacidad y la irresponsabilidad.

¿Por qué no se consultó a expertos, entendidos en problemas de deforestación, incendios, desbosques y otros? Un caso -para no mentar a muchos otros- es lo sostenido por el Ing. Javier López Soria que en artículo profundo y claro (ED 28-8-19) en partes sustantivas señala: “La Chiquitania no es apta para la agricultura, por las características de la zona. La Chiquitania es una región boscosa de monte bajo. Las especies más frecuentes del bosque son: el soto, quebracho blanco, el mistol, el toborochi o palo borracho, que está substituyendo al quebracho colorado. El bosque seco chiquitano es un complejo de biodiversidad endémico donde está la Reserva Natural Turaboca”.

Otros párrafos señalan: “Una de las decisiones más polémicas de las autoridades, en ese sentido se produjo en mayo de 2015 cuando el presidente Evo promulgó el Decreto Supremo 2.366, que autoriza la exploración y explotación de recursos naturales en áreas protegidas y territorios indígenas. Así, Bolivia se convirtió en uno de los pocos países del mundo en autorizar el ingreso de empresas mineras o petroleras a sus parques nacionales o territorios indígenas. El pasado 9 de julio, el presidente Evo Morales aprobó la modificación del Decreto Supremo 26.075 sobre Tierras de Producción Forestal Permanente, para ampliar a las áreas de producción del sector ganadero y agroindustrial de los departamentos del Beni y Santa Cruz. La nueva norma autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias que estén concebidas bajo un sistema de manejo integral sustentable de bosques y tierras. Esta modificación también permite la quema controlada de acuerdo con la reglamentación vigente”.

Uno de los párrafos finales dice: “Las autoridades del gobierno olvidan que hace unos dos meses, técnicos de ABT de Santa Cruz vendieron 2.000 permisos de desmonte en la Chiquitania, por un valor aproximado de 6 millones de bolivianos”.

El drama tiene, pues, muchas connotaciones y se hace complejo conforme más se lo analiza; pero, en todo caso, lo inconcebible es que hasta ahora no se haya declarado emergencia nacional por la desgracia sufrida y que tiende a complicarse. Los auxilios, la presencia de “aviones tanque” y otros resultan paliativos en las actuales circunstancias que, además, dan lugar a una extrañeza: ¿por qué el país no dispuso, desde el inicio, de aviones cisterna que posee la FAB y podrían haber combatido el fuego?; se dice que son varias las unidades a disposición de la Fuerza Aérea. En fin, la desgracia que debería conmover en sumo grado a las autoridades de gobierno, es un atentado a la vida tanto en el país como en el resto del mundo porque la recuperación de lo perdido tardará muchísimo tiempo y, dados los descuidos y nomeimportismos que reinan en el país, nada raro que lleguemos a los cien años sin haberse recuperado siquiera una parte de los bosques afectados por el fuego emergente de autorizaciones legales equivocadas.

 
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