Las AFP suman 20.271 mil millones de dólares, sin control

La Constitución Política del Estado establece en el Art.45. I. ¨Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo¨. Lamentablemente, el gobierno pretende dejar sin una jubilación digna a las y los aportantes que reclaman parte de sus aportes para poder aguantArce, y comprar medicamentos contra el Covid-19, hasta que lleguen las vacunas y poder alimentarse, porque perdieron sus fuentes de empleo.

El origen del retiro de los aportes de las y los trabajadores a las AFP Son tres: 1) Ante indicios en torno a que el gobierno pretende utilizar esos fondos para aplicar su política económica que anda sin rumbo y sin propuesta de reactivación de la economía. 2) Durante 14 años el gobierno se olvidó del sistema sanitario y ahora con la pandemia del Covid-19, muchas empresas cerraron sus negocios, despidieron a sus empleados y como consecuencia crece el desempleo, que ya era alto porque no fueron creados empleos. 3) Ninguna AFP informa a las y los aportantes sobre el manejo de sus aportes.

La AFP Futuro tiene 60.71 % de Depósitos a Plazo Fijo y Bonos de Instituciones Financieras, 20,48 % en Bonos y Cupones del TGE, 11.37 Cuotas de Fondos de Inversión Cerrados. En la AFP Previsión en la Banca 55,55 %, TGE 29,9 %, Financiero No Bancario 8,77 % y otros al 29 de febrero de 2020, o sea más del 50 % están en el sistema financiero. El Sistema de Integral de Pensiones (SIP) está compuesto aproximadamente por 2.4 millones de personas que aportan: el 54 % a la AFP Previsión y el 46 % a la AFP Futuro.

La devolución de los aportes de acuerdo con el proyecto de Ley: 1) En el Artículo 8 define: ¨Las y los asegurados que accedan a la devolución parcial o total de aportes establecidas en la presente ley, no podrán beneficiarse de la fracción solidaria financiada con recursos del fondo solidario, estipulada en la Ley 065 de Pensiones de 10 de diciembre de 2010¨, por tanto la expectativa para jubilarse es baja, colocaría a la gente a una situación de futura pobreza. Aunque lo repongan, no podrá sustituir el dinero que debía acumular para una renta mínima porque su cuenta dejará de generar intereses por la inversión que realiza la AFP. 2) La cartera de las AFP. A fines de 2020 ascendía a 20.271 mil millones de dólares, solo un poco más del 1% corresponde a recursos de alta liquidez, siendo éstos insuficientes para cubrir con la demanda esperada por la aplicación de la medida dispuesta por el gobierno.

De acuerdo con proyecciones 1,4 millones de personas que representan el 1,5 %, tienen un monto inferior a Bs 100.000 acumulados en sus cuentas en las AFP, el 95 % con monto menor a 100.000 que representa el 53 % del total acumulado de las cuentas personales previsionales, los otros grupos no alcanzan a 10.000 y están excluidos de la devolución.

El gobierno de Morales, con el ministro de Economía, Luis Arce, dispuso el 5 % de los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para la conformación de un fondo de inversión de 150 millones de dólares, que sirvió para otorgar créditos a pequeños y medianos productores, que accedieron a créditos con el 7 y 9 % de interés anual de 1 a 10 años plazo, tampoco rinden cuentas, sobre si están pagando el capital y los intereses.

El Ejecutivo debe informar si se ha realizado algún estudio actual, que respalde y garantice la factibilidad de esta devolución de aportes y que ésta no afecte la sostenibilidad de la seguridad social de largo plazo y consecuentemente las pensiones para la jubilación actual y futura, porque el SIP debe garantizar un equilibrio y la estabilidad, que todos los bolivianos tengan acceso a la seguridad social a largo plazo, mediante una jubilación digna.

Exigimos a Luis Arce cumplir el Art. 45 de la Norma Suprema que juró respetar al tomar posesión de su cargo como Administrador del Estado boliviano, y garantice a las y los trabajadores una jubilación digna y evitar la pobreza futura.

La autora es Economista, ex Asambleísta Constituyente.