- Siguenos:
En aeropuerto de El Alto
El Ministerio Público imputó a Guile Sulma Cutile Mamani en la vía penal, por el delito de atentado contra la seguridad de los medios de transporte por la construcción de un edificio de más de 10 pisos ubicado en la zona 12 de octubre y que se constituye como obstáculo para las operaciones aéreas en el aeropuerto de El Alto, señala una nota informativa del ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
“Ya hay indicios que la persona ha cometido un delito, hay una duda en el actuar de la propietaria del inmueble que permite a la Fiscalía a continuar con la investigación que como parte querellante estamos pidiendo que se demuela el edificio hasta la altura permitida y estar en regla con la norma para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas en el aeropuerto de El Alto”, afirmó Julio Beyer, jefe de la Unidad de Gestión Jurídica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, institución querellante del caso.
La Fiscalía tenía previsto este lunes, como parte de la etapa de investigación, la primera inspección ocular del inmueble que sobrepasa en al menos 18 metros el límite de seguridad para las operaciones aéreas. Sin embargo, la parte imputada no contó con abogado defensor por lo que el Fiscal decidió la suspensión hasta el lunes 29 de marzo, a hrs. 14:00. En esta inspección, el fiscal recibirá un guía técnico sobre el daño que ocasiona el edificio a la seguridad de las operaciones aéreas, ya que, para evitar el obstáculo, las aeronaves deben operar por el umbral 10, reduciendo la capacidad del aeropuerto a una sola vía de despegues y aterrizajes.
“Las restricciones operativas generadas a raíz del obstáculo que constituye el edificio en cuestión, no permiten que el Aeropuerto El Alto atienda operaciones aéreas por umbrales, lo que reduce enormemente la capacidad aeroportuaria que originalmente se alcanzaba. Considerando que los despegues y aterrizajes deben efectuarse en sentido contrario a la dirección del viento, la misma que varía por factores meteorológicos, la continuidad de la presencia del obstáculo podría derivar en largos periodos en que no puedan efectuarse operaciones aéreas en el aeropuerto El Alto”, aseguró René Delgado, jefe de Aeródromos de la DGAC.
“Además de afectar la capacidad, regularidad y eficiencia de las operaciones aéreas, el obstáculo constituye un peligro aeronáutico en sí mismo, que reduce el nivel de seguridad operacional que el aeropuerto alcanza”, añadió.
Actualmente, la propietaria enfrenta tres procesos, penal, civil y también se lleva adelante un proceso de fiscalización por tratarse de una construcción clandestina, al no contar con autorización para la cantidad de pisos que se construyeron. Además, dicha edificación no cuenta con la Certificación de Altura emitida por la DGAC para construcciones en inmediaciones de un aeródromo.
En la gestión del Gobierno transitorio, los sectores sociales al MAS se opusieron a realizar cualquier acción legal contra la propietaria.
