Bolivia vive terrorismo de Estado y se consolida la dictadura

La Constitución Política del Estado en el Art. 11. 1 expresa que Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.

En Bolivia, en 2016 se realizó Referéndum el 21 de febrero, en el que el soberano dijo NO a la modificación del Art. 168 de la CPE y por tanto NO a la reelección del cocalero Morales, sin embargo, el Tribunal Constitucional emitió la “Sentencia Constitucional 084/2017”, violatoria a la Norma Suprema, que define que la (reelección es un derecho humano).

Monseñor Ricardo Centellas, presidente de la CEB, dijo: tras la renuncia de Morales se instaló una mesa de diálogo para pacificar el país y designar un gobierno con base en la línea de sucesión constitucional. Aseguró que Morales estuvo al tanto de todo y avaló el procedimiento.

Manuel Gonzales, ex canciller de Costa Rica y Jefe de la misión electoral de la OEA, dijo en 2019: “Hubo frude y no golpe de Estado, demostrado en una auditoría el fraude para beneficiar a Morales, nadie lo pudo desvirtuar, está demostrado”. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, aseveró que en 2019 en Bolivia hubo fraude electoral y recordó que la Unión Europea y el Parlamento Europeo respaldaron los informes de la OEA, finalmente el Congreso de Paraguay pidió al gobierno de Arce respeto a las garantías procesales, presunción de inocencia de Jeanine y los detenidos.

La crisis política y caos que vive Bolivia se encamina a una guerra civil y dictadura total, porque Arce pretende posesionar la mentira del golpe de Estado, para tratar de desplazar las denuncias probadas sobre el fraude electoral contenidas en el informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, respaldado por la Unión Europea, después de los sucesos sangrientos de las elecciones generales de 2019, comprobado el fraude electoral.

Hay violación flagrante de los derechos humanos de los presos políticos, al no dar cumplimiento al debido proceso, por el contrario, se priva el derecho a visita y más aún a la asistencia médica por el delicado estado de salud de Jeanine Áñez.

La Secretaría General de la OEA anunció que enviará a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional toda la información correspondiente a los actos de lesa humanidad del último gobierno de Morales y de la gestión de Jeanine Áñez, si el Fiscal define abrir investigación de acuerdo con el Art. 7 del Estatuto de Roma, que tipifica delitos de lesa humanidad que (dañan a la humanidad), como el asesinato, deportación o traslado forzoso, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, persecución y otros actos inhumanos.

Por los “supuestos delitos” cometidos en el ejercicio de sus funciones por la ex Presidenta Transitoria Jeanine Añez, debió realizarse una formulación previa de una proposición acusatoria del Fiscal General, para un juicio de responsabilidades, sin embargo se la pretende juzgar por dos vías, vía ordinaria, primero la aprehenden, la detienen sin que hubiera declarado, en la cárcel le toman la declaración, por tanto estamos viviendo un proceso al revés, tipificado como actos de terror de extrema violencia.

El MAS con su narrativa de Golpe, de que no hubo fraude, lo que pretende es tapar el referéndum del 21F de 2016 en la que el soberano le dijo NO al cocalero Morales, por tanto no debió ser candidato el 2019 y ahora con el caos desatado están impulsando a que haya un golpe de Estado al gobierno de Arce, que podría renunciar por su delicado estado de salud y la renuncia de Choquehuanca para abrir camino a la “sucesión constitucional” al cocalero Andrónico y preparar el retorno de Morales que está desesperado por volver. Por tanto, el desestabilizador del gobierno de Arce es el cocalero Morales, ventrílocuo del “canastas”, falta que digan que andemos con el testamento bajo el brazo.

La autora es Abogada, ex Asambleísta Constituyente.