Falta de seguridad jurídica

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra “indefensión” como: “Der. Situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento administrativo o judicial.”. Por este concepto nos damos cuenta que un país no puede aguantar por mucho tiempo esta situación de indefensión o falta de seguridad jurídica. Es intolerable y enerva los más elementales principios humanos.

La gente reacciona de alguna manera para terminar con dictaduras y poderes absolutistas. Los bolivianos parece que todavía estuviéramos viviendo en época de monarquías o gobiernos tiranos o golpistas.

La democracia nos enseña a respetar, en primer lugar, la Carta Magna y las leyes que rigen un país. Lamentablemente no se puede decir que estemos viviendo en una democracia, sino que más bien, se podría decir, tenemos un gobierno absolutista y soberbio. No debemos olvidar que no se es impunemente poderoso, porque existen leyes supremas o divinas que se encargan de dar tempestades a quienes siembran vientos.

En nuestra amada Bolivia se da esta situación de indefensión, no solamente en el ámbito político, sino también para los ciudadanos de a pie, que ven vulnerados sus más elementales derechos constitucionales, tal es el caso de la Ley 133 de 8 de junio de 2011, que establece un programa de saneamiento legal de los vehículos automotores, remolques, maquinarias agrícolas, indocumentados.

Pero esto fue una carnada para que los ciudadanos que tenían este tipo de vehículos, con 5 a 10 años en el país, al pretender legalizarlos se vieron afectados con la retención de sus motorizados para investigación, bajo el pretexto de que fueron robados en otros países, pese a que contaban con certificaciones de DIPROVE que aseguraban que no eran robados. Empero aparecieron denuncias fechadas posteriormente a la promulgación de la referida ley, por ejemplo reporte de julio de 2011, cuando la disposición fue promulgada en junio del mismo año.

Sin embargo en este caso, si los estantes y habitantes de nuestro territorio no confiáramos en nuestras instituciones y en los informes que emiten, ¿en qué se podría confiar? Para el colmo no existe autoridad jurisdiccional que devuelva estos motorizados, pese a contar con pruebas aportadas. Además encontramos el silencio del consulado requerido para el reclamo por los supuestos vehículos observados, por temor al poder gubernamental, pese a que tienen en sus manos las normas constitucionales que protegen estos derechos. Como manda la Constitución, más bien deberían hacer que estos derechos sean respetados.

En otra situación, si una persona no está de acuerdo con los lineamientos del actual Gobierno de turno, si denuncia algún hecho o reclama por algún derecho vulnerado, inmediatamente se busca figuras jurídicas ilícitas para procesarlo. Como es lógico, al entrar a aquella situación procesal, dicha persona ve limitada o despojada por el órgano jurisdiccional de los medios de defensa que le corresponden en el desarrollo del proceso.

Nos preguntamos ¿por qué los administradores de justicia tienen temor de que los procesen a ellos también, buscándoles algún otro ilícito?, y nos topamos con la cruda realidad de que no hay independencia en la administración de justicia, y se pisotea este elemental principio jurídico. Obviamente hay honrosas excepciones, como siempre, porque también hay jueces probos y valientes que no se dejan manipular. Estas interferencias en la administración de justicia favorecen únicamente al Gobierno de turno, que tiene un medio de presión supuestamente “legal”, para tener el poder absoluto.

Precisamente la falta de estudios superiores, que para nuestro máximo representante nacional no tienen valor, es la causa de todos estos males que ahora nos aquejan y hacen la vida de los gobernados un calvario de inseguridad y desasosiego.

El Estado está organizado estructuralmente con cuatro poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, fundamentado en la independencia, según el Art. 12 de Constitución Política del Estado. Sin embargo la interferencia del Ejecutivo en el Poder Judicial es vergonzosa, y en los anales de la historia quedará plasmada como una etapa negra para el Poder Judicial.

Los litigantes ahora sufren mucho más que antes en los estrados judiciales, porque a los males de la retardación de justicia ya conocidos, ahora se suman las acefalías, vale decir la falta de jueces y/o secretarios abogados, además de la falta de personal subalterno, todo lo que impide el normal desarrollo de los procesos judiciales, haciendo más pesada la vía crucis por la que, lamentablemente, debe pasar todo litigante.

Frente a este desolador panorama, debemos mantener el optimismo porque no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.