El derecho del público a saber es el derecho a vivir

Un tema que comienza a discutirse en los países latinoamericanos en el marco de la demanda de los ciudadanos y la predisposición de los Estados en la búsqueda de su real democratización (“democratizar la democracia”), es el de facilitar y asegurar el Derecho Humano a la Información como mecanismo que coadyuva en la formación y ejercicio de la ciudadanía porque sirve de soporte y fortalecimiento al rol ciudadano. Éste implica un ejercicio responsable y conciente en la toma de decisiones frente a cualquier ámbito de acción en la vida pública.

Para cumplir efectivamente este rol las personas requieren tener, en primera instancia, asegurado y reconocido formalmente -con fuerza de ley- el acceso a la información que produce y maneja el sector público, como instrumento que promueva la participación política, la lucha contra la corrupción y la interlocución con las diferentes instancias estatales, en relación con temas que los afectan inmediata y directamente en la construcción de su propio desarrollo. La labor del Estado es fundamental para brindar las condiciones apropiadas para que las personas puedan acceder libremente a la información que requieren en su vida cotidiana.

Sin embargo, es un hecho que en América Latina, en general, los gobiernos no aseguran la publicidad de sus actos, impidiendo el acceso, la participación y el monitoreo efectivos de la ciudadanía. La mayoría de las dependencias gubernamentales no entrega la información que se les solicita. Las pocas que sí lo hacen, ni siquiera cumplen los plazos legales. En consecuencia, al igual que en la región andina, no existe un acceso efectivo a la información pública por parte de la ciudadanía.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El acceso a la información es un derecho humano protegido por el derecho internacional, por medio del cual toda persona puede tener conocimiento de los datos que se encuentran en cualquier entidad pública y privada, no sólo la que de ella exista sobre sí misma[1] sino, también, sobre sus bienes, en base de datos, registros, documentos, informes y archivos, con objeto de conocer el uso que se haga de ésta y su propósito, además de tener la posibilidad de actualizar, rectificar y/o eliminarla para que no afecte su intimidad personal y familiar. Los Estados tienen obligaciones positivas de garantizar el ejercicio de este derecho, comenzando por otorgar la información en su poder.

En cuanto a la definición de información pública, concretamente no cuenta tanto el carácter del sujeto o entidad que la elaboró, la forma misma de su producción, la fecha de elaboración o el formato en que se encuentra (documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, etc.), sino el hecho objetivo de que contiene datos que han sido creados u obtenidos o que se encuentran en posesión o bajo control de las instituciones estatales, y que, en consecuencia, no deben ser mantenidos en reserva por expresa disposición de la ley.

El libre acceso a la información pública es un derecho humano indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia. Su efectivo ejercicio permite monitorear y controlar la gestión pública, promover la rendición de cuentas y procurar el mayor nivel de transparencia dentro del Estado para el bien colectivo. Este derecho es interdependiente ya que a través de éste, la ciudadanía ejerce otros derechos constitucionales, como la participación política, votación, petición, educación y asociación, entre otros.

En los Estados modernos, la publicidad de la información -concebida como un derecho- habilita a las personas para asumir un papel activo en el gobierno, es decir, constituirse en ciudadanos a través de sistemas de participación y control efectivos, que coadyuvan en la conformación de un clima democrático que garantiza el respeto por todos los derechos humanos. De ahí que la información es necesaria para la formación de opinión y la realización de un debate público sólido y sustentado. Posibilita la participación ciudadana en los asuntos públicos y fomenta la transparencia en la gestión del Estado, mejorando la calidad de sus instituciones. En definitiva, ayuda a los ciudadanos a tomar opciones fundamentadas en su vida cotidiana.

Concretamente, este derecho habilita a la ciudadanía de un conocimiento amplio sobre las gestiones de los diversos órganos del Estado relacionados con temas de interés común (por ejemplo, lucha contra la corrupción), lo que permite la transparencia y responsabilidad de la administración y, la publicidad y efectividad de los actos de la gestión gubernamental. Es evidente que sin la información en poder del Estado a la que todas las personas tienen derecho, y que ha sido manejada a través de una “cultura del secreto”, no puede ejercerse la libertad de expresión como un mecanismo efectivo de participación ciudadana ni de control democrático.

www.carloscamacho.net

Coordinación Nacional

Unidad de Vigilancia y Monitoreo de la Libertad de Prensa y Expresión en Bolivia

Asociación Nacional de la Prensa (ANP)