Sectores investigarán enriquecimiento ilegal mediante Ley de Control Social

El proyecto de Ley de Participación y Control Social determinaría la creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción para que las organizaciones puedan investigar el enriquecimiento ilícito y la legitimación de ganancias ilegales. Aunque estas atribuciones están establecidas en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la oposición observa que la corrupción en el país está “enraizada” y que no existe confianza en las carteras del Estado que se encargan de investigar la corrupción ni en las organizaciones afines al oficialismo, que serían las que asumirían estas funciones investigativas.

El diputado por Convergencia Nacional (CN), Andrés Ortega, aseguró que en la actualidad ni el Gobierno, ni las autoridades ni sus sectores sociales aliados, pueden garantizarle nada al país, mucho menos una lucha transparente en contra de la corrupción.

“El MAS y sus organizaciones perdieron la oportunidad de demostrarle algo al país, y ahora pretenden con otra normativa usurpar las funciones de las instancias encargadas de investigar estos hechos, como son la Contraloría General del Estado (CGE) y esta usurpación también es un delito”, dijo.

En el artículo 8, referente a los derechos de los actores, el proyecto de la normativa determina que en función a lo establecido en la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz (004), se creará el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, de la cual las organizaciones formarán parte activa. Estos organismos deben ser reconocidas legalmente a nivel nacional y deberán mantener independencia en el cumplimiento de sus funciones específicas, establecidas en la norma mencionada.

El contenido de esta norma fue observada anteriormente por las organizaciones sociales alejadas del Ejecutivo, debido a la acción directa que tendrían los organismos en el Órgano Judicial y en la Fiscalía General del Estado, pronunciándose incluso de “manera vinculante” respecto a procesos a autoridades y la sociedad civil. Las observaciones consistían en que existen riesgos de que la politización de las organizaciones afines al Gobierno provocaría que los procesos penales se inclinen a favor del oficialismo.