Se reanuda hoy juicio oral de caso Terrorismo



ALGUNO DE LOS IMPLICADOS EN EL BULLADO CASO TERRORISMO.

El fiscal marco Antonio Rodríguez, miembro de la comisión de fiscales que lleva el proceso en el caso Terrorismo, informó que desde las 15.30 horas de hoy se reanuda el juicio oral de este polémico proceso en la ciudad de Santa Cruz.

El presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, suspendió la audiencia el pasado 20 de junio tras culminar con su alegato Gelafio Santiesteban e inició Roberto Justiniano.

De acuerdo con las investigaciones, Justiniano era el gerente de Operaciones de la Expoferia de Santa Cruz y tenía las llaves de Fegasacruz, donde se encontraron parte de las armas que se presume iban a ser utilizadas por el presunto grupo subversivo liderado por Eduardo Rózsa Flores.

Según Rodríguez, en esta nueva audiencia se tienen que resolver algunos incidentes que atañan al proceso.

“Tiene que resolverse un incidente planteado por el abogado Otto Richter respecto a la actividad procesal defectuosa sustentada en la supuesta carta de Marcelo Soza suscrita en el Brasil en el mes de marzo de este año”, expresó el fiscal a la agencia ANF.  

En la carta enviada por el exfiscal Marcelo Soza, involucra a autoridades de gobierno de ser quienes planificaron el caso Terrorismo, por lo que los abogados piden sea tomada en cuenta en el juicio para establecer a los verdaderos responsables de este proceso.

Sin embargo, fue claro al mencionar que las cartas o declaraciones que hubiera realizado el exfiscal del caso Terrorismo en el Brasil, “no tienen validez legal”, porque no se cumplieron procedimientos legales para que ello llegue a la Comisión de fiscales que lleva adelante el proceso.

“De inicio, descartar cualquier validez a esos pseudo documentos. Una prueba idónea es aquella que ha sido lícitamente obtenida. La fotocopia de una carta al pueblo boliviano o una fotocopia de la declaración prestada ante el Conare que no ha sido respaldada o legalizada por autoridad competente introducida al trámite procesal boliviano que regula la Ley 1970, es decir, licitud en su obtención y el trámite respectivo ante la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia carece de toda validez”, sostuvo.

A la fecha son 39 las personas que fueron acusadas por el Ministerio Público de estar vinculadas con el caso Terrorismo.

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