En localidad de Viacha

Vecinos denuncian retardación de justicia



Los abogados de la defensa aseguran poseer diferentes pruebas que denotan la retardación en casos de la jurisdicción de Viacha.

Vecinos de la localidad de Viacha presentaron alrededor de 12 casos de presunta retardación de justicia, parcialidad y prevaricato, los cuales generan diferentes perjuicios para los litigantes.

Ante estos hechos, se anunció que mañana se realizará una protesta social en contra de fiscales y jueces.

Uno de los casos se trata de un joven de 18 años, quien fue denunciado por el supuesto delito de acoso sexual y rapto luego de que terminara una relación con su enamorada. El proceso se mantiene desde el 2013 y los familiares del joven, lamentan que un “mal procedimiento judicial” orquestado presuntamente por dos fiscales no concluya el proceso aguardando alguna acción de la familia. El acusado mantiene detención domiciliaria a la espera de la conclusión del procedimiento que estaría bajo tuición de los fiscales Edwin Blanco y David Torres.

“Incluso han buscado modificar la denuncia por violación por parte del segundo fiscal, pero nosotros al verificar los expedientes, observamos que la misma muchacha Mariana M.M., tienen una segunda denuncia realizada a un segundo muchacho quien también era su enamorado por los mismos delitos y trabajados por los mismos fiscales de la localidad de Viacha. Ese aspecto irregular que debía haberse anulado por no tener bases legales creíbles, continúan manteniéndose por parte de estas autoridades”, expresó el defensor legal del afectado Juan Espada.

Según la denuncia, en el caso se incluye el análisis de un supuesto psicólogo, identificado como, Edgar Catari, de quien recabada la documentación legal de su título, esta persona no estaría registrada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UMSA, de donde presentó el certificado profesional. Por lo que esta prueba se convierte en una de varias irregularidades cometidas por los administradores de justicia.

Dos abogados, Juan Espada y Claudio Quispe, quienes buscan encaminar la defensa legal de varios de los casos con diferentes expedientes de cada uno de los procesos, lamentan que pese a las denuncias realizadas el pasado año, a la Fiscalía de Distrito La Paz e incluso al Concejo de la Judicatura, no se tenga ningún resultado hasta la fecha.

Si bien, son las autoridades de Estado quienes debieran fiscalizar a jueces y fiscales y si sus actuaciones se enmarcan en procedimientos adecuados a las leyes con la finalidad de restablecer derechos y evitar cometer prevaricato, los abogados Juan Espada y Claudio Quispe dan cuenta que en los juzgados de Viacha hasta los actuarios, secretarias y otras dependencias del Ministerio Público, afectan a la población litigante, generando incredulidad en los administradores de la justicia.

OTRO CASO

El segundo caso denunciado, que estaría bajo supuesta tuición del fiscal Ruddy Terrazas, se refiere a una de las víctimas de un supuesto concesionario de la Yesería en la localidad de Vichaya, donde está implicado Juan Mancachi con los presuntos delitos de lesiones graves y gravísimas.

La víctima de golpes y lesiones graves y gravísimas ejercidos por Mancachi observa que ahora sería él quien está siendo perjudicado, al haberse comprobado que la persona que anteriormente estaba denunciada realiza un segundo proceso en contra de su víctima con pruebas presuntamente creadas y presentadas posteriormente, pero las mismas estarían siendo valoradas en primera instancia por parte de los administradores de justicia, sin aplicar una de las premisas jurídicas que señala que tiene mayor valor un primer proceso (primacía) y no así aquel que inicia la parte querellante, más aun si se refiere por los mismos delitos.

“Incluso Mancachi atenta contra su vida al dinamitar la tienda que mi cliente tenía, pero ese extremo no es evaluado, más aún el proceso posterior Nº 205/2013 es el que tienen un mayor avance en su tratamiento judicial, por lo tanto este y otros casos más atendidos en Viacha debieran ser sometidos a una auditoria jurídica para demostrar cómo están siendo atendidos los casos y porque existen prioridades que no se enmarcan en las normas judiciales”, observó el defensor Claudio Quispe.

Finalmente, EL DIARIO intentó tomar contacto con los aludidos con la intención de que brinden su versión de los hechos, sin embargo, la comunicación telefónica no pudo ser lograda.

 
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