Crisis de la educación superior

Uno de los objetivos de la Ley 1.565 en el año 1994, en cumplimiento al DS 21.060, era lograr una “calidad” de la educación, el logro fue insatisfactorio. En la última década, la Ley 070 ni se percata de la educación superior, lo que pone en duda la calidad en términos de “competencia”. Es de lamentar la abulia de las autoridades del ramo, respecto al sistema universitario (público y privado), que desdeñan la academia, al parecer no se percatan de las compulsas (docentes, estudiantes y administrativos) que a título de “autonomía” están desvirtuando el objeto de la educación superior, “agazapados” en organizaciones (roscas, sindicatos) en sintonía con la corriente populista que, en 2006, defenestró esta educación y con ella a los profesionales.

Son ya doce semanas desde que la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba está “paralizada porque su Consejo Universitario sancionó una resolución para que “docentes invitados antiguos” se titularicen sin dar un examen de competencia, lo cual es “rechazado” por sus dirigentes estudiantiles. De hecho, esto que parece un contrasentido: docentes antiguos (con experiencia, se dirá) ¿le temen a un examen? Puede que no o sí, la cuestión es que pocos (nadie) creen en las “evaluaciones”, para optar a una docencia, un cargo, etc., pues las mismas están “salpicadas” por la prebenda, tráfico de influencias, nepotismo, corrupción. De hecho, la política y el manejo económico populista (desordenado) han calado en sus miembros, que se han organizado en “roscas”, es decir que el sistema está entrampado en una lógica corporativa, haciendo a las universidades cada vez más ineficaces e ineficientes.

Esta desidia ya se advierte en la CPE, en el Art. 55 que reconoce su “autonomía”. El Art. 56 denota el deber de las universidades de conocer (y nada más) la CPE. El Ministerio de Educación -dicen- no tiene competencia. Así la Universidad pública esta huérfana y a merced de los taimados. En la UMMS (y demás) se advierte una autonomía desvirtuada, y ello está permitiendo a las universidades publicas eximir su papel histórico en la formación de recursos humanos del más alto nivel, en la creación, desarrollo, transferencia y adaptación de tecnología, es más, no responden adecuadamente a los requerimientos del mercado, imperativo estratégico para el desarrollo nacional. Esperar competitividad como condición emergente de la riqueza y el valor agregado es un bluf, es decir, si bien están financiadas apenas con un 5% del presupuesto general –y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)- no se advierte una clara supervisión de su forma de gasto.

Por ello sus miembros amparados en la “autonomía” se abocan a sacar “ventaja” y todo tipo de privilegios. Cada año “exigen” presupuesto so pretexto académico, para “engordar” salarios, bonos, etc. El material con el que “trabajan”: conocimiento, metodologías, ciencia y creación no coinciden con las necesidades del mercado laboral competitivo: “si no hay competencia no hay calidad”, ¿pero quién puede competir si las evaluaciones son manipuladas? La Universidad Pública de El Alto, por ejemplo, desde su inicio eximió el “cogobierno”, donde los estudiantes son “dueños” de todo y nada, ¿el caso de sus 13 rectores con procesos judiciales denota trasparencia universitaria? Por ello, el problema de la universidad cochabambina que denota una pugna de poderes corporativos populistas y la abulia de las autoridades (neo indígenas) del ramo, de seguir así puede ser la detonante que “implosione” el sistema universitario.