La presión tributaria

El sector empresarial acaba de denunciar que está siendo acosado por la persecución tributaria, lo que obviamente induce a la informalidad. El caso ilustrativo de este exceso sería la denuncia de los cafetaleros, quienes expresaron que se ha provocado la desaparición de sus organizaciones, que son las que unifican la actividad y eventualmente tienen que asumir la tarea de estimular el crecimiento del sector y, en caso necesario, la defensa de esta indispensable actividad productiva.

Resulta incomprensible que el Estado no asuma el rol que debe cumplir para impulsar la actividad económica del país y que, más bien, sea el primero en hacer todo lo contrario, desincentivarla con varias presiones, entre ellas la impositiva.

Cuando existe un verdadero concepto de administración de los intereses públicos, uno de los principales empeños que se debe tener es promover la creación de más empresas, para satisfacer los requerimientos de uso y/o consumo de la población nacional, con lo que se frena o se evita las importaciones, por cuyos efectos se pierde el ingreso que se obtiene de moneda dura y, fundamentalmente, crear las condiciones más favorables para la industrialización interna.

En esta materia, una vez más corresponde anotar que es imperativo impulsar la producción nacional, en todos los sectores que tengan no solo la posibilidad de cubrir las necesidades del consumo interno, sino también de la exportación. Únicamente con esta doble función se puede conseguir el desarrollo y el progreso del país, pero además crear empleo y con ello hacer que la población nacional tenga mayores opciones de mejorar sus condiciones de vida.

Al presente, no podemos aceptar que persista, desde hace décadas, índices muy elevados de pobreza extrema en Bolivia. En ese tiempo se decía que estaba en el 70 por ciento. Los datos oficiales del presente indican que estuvo en el 59.6 por ciento, pero que ahora lindarían en alrededor del 39 por ciento.

De una parte, se trata de cifras que tienen que ser revisadas para que sean la expresión real de la situación económica del país. Pero, además, en caso de confirmarse ese nivel de mejoramiento de las condiciones económicas de la población, se deberá tener presente que únicamente sería concerniente a la población urbana. En tanto, de la rural no se tiene una actualización de estudios al respecto, por lo que se tendrá que suponer que sigue estancada en alrededor del 70 por ciento.

Aparte de las limitadas posibilidades que tiene el desarrollo económico del país, el factor impositivo tiene mucho que ver con esta situación. El Banco Mundial acaba de informar que, de acuerdo con sus últimos datos y estimaciones, en Bolivia se aplica la mayor presión fiscal de la región, con el 26 por ciento, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).

En contraposición, el Viceministerio de Política Tributaria sostuvo que actualmente el promedio de la presión fiscal es del 19,4 por ciento en los 12 años precedentes y que inclusive en 2017 llegó al 18,3%, aunque no explicó sobre la permanencia o no del régimen simplificado, que la empresa privada solicitó que sea suprimido.

De otra parte, si efectivamente se ha producido aquella reducción, en todo caso podría ser menor si el Gobierno aplicara la norma constitucional de que todos están obligados a contribuir al funcionamiento del Estado, pero no lo hace con dos sectores de creciente actividad económica, como son el contrabando y el sector cocalero. En este último caso, no porque hubiera crecido o siquiera se hubiera conservado la demanda de la coca para la masticación, sino que la mayor demanda de la hoja proviene de la producción de cocaína, de la que Bolivia es la segunda productora de la región, después de Colombia.

Ahora que los cultivos de coca del Chapare han sido legalizados, lo obvio es que se exija también a los productores el pago de impuestos, como ocurre con otras actividades productivas. Adicionalmente, corresponde anotar que éste se ha constituido, en los hechos, en uno de los sectores de mayor productividad y, consiguientemente, está obligado a pagar en la proporción que le corresponde.

Otro caso que se halla en igual situación es el de las cooperativas en general, que tienen procesos intensivos de producción y comercialización. De hecho forman parte del sistema capitalista. Por lo tanto sus productores individuales, comunitarios y societarios tienen también la obligación de aportar a los ingresos fiscales, como parte del pago de impuestos.

A manera de graficar una situación en especial, corresponde destacar que son más de 1.000 las cooperativas que explotan oro en el Departamento de La Paz. Por ello tienen que formar parte de los contribuyentes en general que están obligados a pagar impuestos, dentro del sistema proporcional que les corresponda.

Es injusto que esos sectores de actividad económica no formen parte del sector de contribuyentes, incluso se está incurriendo en flagrante discriminación con el resto de los productores del país.

El rubro del oro en la actualidad está gozando de cotizaciones excepcionales, por tanto no puede estar al margen su aporte al Estado nacional. Con mayor razón debería ser un contribuyente con obligaciones mayores, porque su explotación es contaminante para los ríos y las tierras, por la necesidad que tiene de emplear mercurio, cuya producción y consumo están vetados en otros países, como Colombia, por sus efectos nocivos.