TCP en 2016 ordenó nuevo proceso a justicia
• Denuncian que se violó el debido proceso cuando los jueces negaron que el enjuiciado declare y haga uso de su defensa material antes de declararlo culpable y sentenciarlo a 30 años sin derecho a indulto. La madre asegura que el fallo es por no pagar una extorsión de $us 20.000
Tras un proceso judicial lleno de irregularidades y una sentencia de 30 años contra Renatto Cafferata, acusado de matar a su pareja, sentencia que fue impugnada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que en febrero de 2016 emitió un fallo a favor de la demanda e instruyó a la justicia iniciar un nuevo proceso, la madre del procesado, Gladis Centeno, exige la libertad de su hijo encarcelado desde hace siete años. Tanto la madre como el hijo son de nacionalidad peruana.
Centeno, en contacto con EL DIARIO, denunció que la justicia en Santa Cruz incumple la orden de iniciar un nuevo juicio donde el sindicado pueda introducir pruebas de descargo. En tanto, Renatto Cafferata continúa en la cárcel, sin poder probar su inocencia.
Una de las últimas solicitudes, hecha por Centeno, donde “implora” que se acepte las pruebas de inocencia de su hijo para que se cumpla el debido proceso, fue remitida el 11 de abril de 2018 al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, quien a la fecha no atiende su solicitud, aseguró a EL DIARIO la afligida madre que ha iniciado una cruzada internacional con el apoyo de la prensa de su país así como los representantes consulares del Perú.
Renatto Cafferata Centeno, ciudadano peruano, que se graduó en administración de empresas en la Universidad Católica Boliviana (UCB), tiene 32 años, siete de los cuales lleva detenido en el penal de Palmasola, acusado de haber asesinado con nueve puñaladas a su expareja, la boliviana Rosario Castedo, el 15 de enero de 2011.
La víctima, Rosario Castedo, era 10 años mayor que Cafferata, además que tenía un hijo con un súbdito brasileño, encarcelado en ese país, ligado a grupos de narcotraficantes, que hasta antes del asesinato buscaban a la mujer para cobrar una deuda.
El 29 de octubre de 2012, el Tribunal 5to de Sentencia de Santa Cruz condenó a Cafferata a 30 años de prisión sin derecho a indulto, ignorando y cometiendo una serie de irregularidades denunciadas a lo largo de todo el juicio.
Entre las más graves, el extravío de pruebas por parte de los investigadores, así como la desaparición de la declaración de uno de los presuntos asesinos del cuaderno de investigaciones en la Fiscalía.
Centeno afirma que una de las peores irregularidades, plasmadas en los videos del juicio, se dio en las últimas audiencias, de alegatos finales y lectura de sentencia, donde los jueces ciudadanos y técnicos del Tribunal 5to de Sentencia, suspendieron (expulsaron) a los abogados de su hijo, imponiéndoles una multa de 9.000 bolivianos y asignando al acusado dos abogadas de Defensa Pública.
Pese a las excusas y pedidos de reprogramar la audiencia, los jueces conceden solo 24 horas a las abogadas, para conocer todo el expediente. Pero Centeno afirma que el corolario de todas las violaciones al debido proceso, fue que los jueces negaron que su hijo declare y haga uso de su defensa material antes de declararlo culpable y sentenciarlo a 30 años sin derecho a indulto.
La madre de Cafferata apeló el fallo en todas las instancias, hasta que el 15 de febrero de 2016 los magistrados del TCP, Oswaldo Valencia y Mirtha Camacho revocaron la sentencia y ordenaron que se realice un nuevo juicio, donde se permita que la defensa de Cafferata presente pruebas extraordinarias, resolución que hasta la fecha no se cumple.
EL HECHO
El 15 de enero de 2011, Cafferata, por un llamado que recibe, llegó al domicilio de su novia Rosario Castedo, en la ciudad de Santa Cruz y la encontró tendida boca abajo en el piso, desangrándose víctima de nueve puñaladas que causaron su deceso.
Según la versión de Cafferata, antes de llegar al domicilio, vio salir en un vehículo, a dos personas que en antes habían visitado e intentado cobrar una deuda que tenía su novia y la expareja de esta, Ricardo F. F., un brasileño, encarcelado en ese país por posesión y transporte de 5 kilos de droga desde Bolivia a Portugal.
El día de los hechos, según afirma Centeno, luego de ver a su novia herida, su hijo salió a pedir ayuda pero se encontró con familiares y vecinos de su novia que lo increparon y acusaron de cometer el crimen.
En esos incidentes, el grupo de investigadores no solo no realizaron un adecuado registro de la escena del crimen, sino que luego extraviaron varias pruebas e incumplieron la realización varias pruebas como la toma de huellas digitales del puñal con el que se cree se asesinó a Castedo.
Para Cafferata, el caso se trataría de un ajuste de cuentas y los visitantes eran dos sicarios que al no poder cobrar la deuda, mataron a Castedo.
La madre, desesperada por los años que su hijo lleva preso, denunció que durante el proceso los investigadores, fiscales y policías, intentaron extorsionarla pidiéndole $us 10.000 para cambiar el tipo penal de la acusación de asesinato a homicidio y posteriormente $us 20.000 “para obtener una sentencia favorable” a lo que ella se negó.
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