El perdón de las ofensas

Algo debe estar yendo mal en el sistema tributario boliviano, considerado como el más severo y estrangulador de la región, que el gobierno ha decidido aplicar un “perdonazo” a todas las multas que se había dispuesto.

Dice José Luis Parada, asesor de la gobernación de Santa Cruz, que este gesto no obedece a ningún impulso cristiano del gobierno, como se podía sospechar, sino a que hay señales de asfixia en los contribuyentes.

Los empresarios privados contribuyen a esa lectura diciendo que, debido a la crisis económica, en este momento hay un rezago de Bs 29.900 millones en las recaudaciones tributarias. La culpa la tendrían la desaceleración, la iliquidez y la excesiva presión fiscal.

O sea que el perdonazo refleja que la víctima está dando señales de ahogo, y es preciso aflojar la presión por aquello de que los muertos no pagan impuestos. Ni los fugados, que es el caso de los contribuyentes que optan por dejar de serlo y emigran hacia el floreciente y envidiable sector informal.

Dice Parada que sólo el sector de los restaurantes y los supermercados recibieron este año multas que suman Bs 1.300 millones, mil veces más que los Bs 132 millones de los registros anteriores.

Y aquí está la sospecha de que las multas fueron las causantes de que en los años anteriores se hayan registrado récords de recaudaciones: no habían aumentado los contribuyentes, habían crecido las multas.

Lo que lleva a suponer que el “perdonazo” que se aplica ahora esté anticipando que este año las recaudaciones no serán superiores a las del año pasado, sino todo lo contrario.

Por supuesto, sospechan los empresarios, este gesto del gobierno no se hubiera producido si no se daba el fuerte rezago en las recaudaciones. Y hubiera sido innecesario si no se presentaba, como ahora, el hecho de que muchos contribuyentes han optado por recurrir a la justicia para evitar el pago de multas.

Por más que los jueces hayan sido elegidos por el gobierno, no pueden saltarse los procedimientos y las apelaciones de los multados demoran los pagos cuando el gobierno necesita efectivo para la campaña electoral.

Pero además los jueces saben que tienen los días contados. Y eso los hace más probos. Saben que el gobierno desea que aquí no se den los casos de Brasil o Argentina, donde los jueces están castigando a los corruptos del pasado. En este caso, es mejor prevenir que lamentar.

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