Niños y mujeres, víctimas por ausencia de políticas reales

La trata y tráfico de personas, así como el trabajo infantil, no han sido abordados por el Estado con políticas serias, la gravedad en ambos problemas tiene que ver con la indefensión en la que viven las mujeres sometidas a este flagelo y mucho más grave es el tema de la explotación laboral infantil, afirmó ayer el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena.

“El Estado está ausente en vastos sectores de la población boliviana. Hemos visto sólo acciones públicas dispersas coyunturales que se agotan en corto tiempo y no así acciones de mediano y largo alcance. Lo que está haciendo es simbólico, no hay fuentes laborales estables que permitan una vida digna a los bolivianos y dentro de ese cuadro los más afectados son niños y mujeres”, apuntó Villena con relación a los criterios expresados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sentido de que Bolivia no respondió con eficiencia dentro de las políticas sociales.

Estas debilidades se evidencian con la falta de una base de datos confiable y eliminado los subregistros, dando respuestas coyunturales a un problema estructural, actitud que caracterizó a la administración de Morales, como es responder de manera coyuntural a los problemas estructurales, apuntó.

La trata y tráfico de personas, el tercer negocio ilícito más rentable del mundo, mueve al menos $us 40 mil millones de dólares, según cálculos de Naciones Unidas, en promedio cada año, constituyendo en una de las actividades delictivas de mayor actividad económica y potenciamiento a las organizaciones delictivas transnacionales.

Los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Trabajo, Héctor Hinojosa, junto a la viceministra de Justicia, Erika Chávez, desvirtuaron las apreciaciones del Gobierno norteamericano, reiterando que estas responde a criterios políticos ideológicos.

“Estamos frente a una temática altamente compleja, muchas veces conectado a otros delitos igualmente graves, de orden transnacional y el esfuerzo aislado de los países sería insuficiente para enfrentarlo. (…) No consideramos que sea justa la valoración que hace el Gobierno de EEUU sobre el tratamiento de la trata y tráfico de personas, porque los crímenes de orden transnacional merecen el esfuerzo y la movilización de los países de manera conjunta”, remarcó el ministro Romero.

El Titular de Gobierno destacó los esfuerzos realizados en el ámbito normativo, de procedimientos, innovación de dispositivos que requieren ser articulados con otras iniciativas, como el enlace a la base de datos de la Policía Internacional (Interpol).

Subrayó que Bolivia ha sustentado la estrategia de regionalización para combatir los delitos transnacionales, en cuyo planteamiento ha echado de menos que en algunas tipologías delictivas no se cuente con el mismo nivel de involucramiento del país del norte, mediante sus autoridades por razones de orden político ideológico.

Datos referidos por Romero, el esfuerzo del Estado se traducen en Bs 32 millones asignados para la estrategia quinquenal de lucha contra la trata de personas, además de haber generado normativa específica, la Ley 2633 y su Decreto Reglamentario, 18 protocolos, instalación de logística además del incremento presupuestario a la Policía Boliviana.

“Seguramente si Bolivia no postulara un esquema socialista, progresista de justicia social de control estatal de sus recursos naturales no sería merecedor de este tipo de observaciones. Tenemos los elementos que sustentan los esfuerzos que hacemos como Estado Boliviano y esperamos que a diferencia de ser rechazados o criticados sean más bien complementados con una responsabilidad conjunta, compartida contra la criminalidad transnacional”, planteó Romero.

En este contexto refirió la ratificación de convenios y protocolos internacionales y convenios bilaterales suscritos en esa materia, que incluye el tratamiento a las víctimas de trata y tráfico de personas.

600 CASOS CADA AÑO

Según registros del Gobierno, Bolivia registra, en promedio, entre 500 y 600 denuncias por la desaparición de personas cada año de los cuales el 80% son resueltos.

La viceministra de Justicia dijo rechazar el informe estadounidense, por lo dudoso de sus fuentes que no reflejan las cifras oficiales del Gobierno, puntualizó que a la fecha la justicia dictó sentencia en 59 casos, no así en 40 como hubiera señalado el mandatario norteamericano.

Según esta autoridad, de 700 denuncias atendidas 586 fueron casos ajenos a la figura delictiva de trata y tráfico de personas, la mayoría, mas bién, fuga de adolescentes o de pareja.