Preocupan a empresarios decisiones impositivas

Hay preocupación en el empresariado privado por resoluciones emitidas entre diciembre de 2018 y enero de este año que establecen “que las empresas constructoras deben informar sobre las características y los costos de las obras que ejecutan; en caso contrario, serían sancionadas; que las empresas unipersonales o jurídicas que prestan servicios de hotelería u hospedaje remitan información detallada de su actividad al SIN; finalmente, obliga a las AFPs y a la futura gestora a entregar información detallada respecto a las personas aseguradas dependientes e independientes y consultores de línea”.

El empresariado sostiene que “en vez de cargar más costos a las actividades productivas y que pagan impuestos, lo que debería hacerse es ampliar el universo de contribuyentes con la incorporación de la informalidad al campo de impuestos. Exigir mayores cargas a los empresarios implica “matar a la gallina de los huevos de oro y condenarlas a su desaparición o paso a la informalidad”.

Muchas veces se ha sostenido que ampliar el universo de contribuyentes sería medida muy beneficiosa para las arcas del Estado y, además, implicaría legalizar muchas actividades que están en el campo de la informalidad, aparte de que no cumplen, en la mayoría de los casos, con obligaciones como el seguro obligatorio y la previsión de beneficios sociales. Cuantas más empresas tributen se vigorizará la economía estatal y, a la larga, dará lugar a que la informalidad desaparezca o, por lo menos, disminuya radicalmente.

El empresariado sostiene que ningún gobierno puede cargar al sector privado más de lo que debe y puede pagar. Las medidas dispuestas sobre tres sectores importantes de la economía implican controles y condiciones que determinarán incremento de costos y, además, infunden temores en muchas empresas que las consideran contraproducentes y conculcadoras de derechos al trabajo de quienes lo hacen normalmente y pagan tributos conforme a normas vigentes.

Hay muchos sectores en la economía informal que no pagan impuestos ni gabelas de ninguna clase; por ejemplo, el sector de los productores de coca es uno que debería tributar por el mismo hecho de que hay entidades que controlan la producción; estos pagos ayudarían, además, a disminuir las presiones que ejercen los narcotraficantes sobre los productores de coca.

Pagar impuestos es un deber de toda empresa productiva, del comercio y de las actividades privadas; pero cargarlas con más tributos resulta contraproducente para el mismo Servicio Nacional de Impuestos que, con justa razón y derecho, busca incrementar su recaudación, que bien podría hacerla con un trabajo que identifique definitivamente qué sectores no tributan y obligarlos a que lo hagan; de otro modo, se actúa injustamente con empresarios que cumplen sus obligaciones tributarias.