Órgano electoral firma convenio con la Policía y Fuerzas Armadas

Con la finalidad de proteger el voto de los bolivianos y garantizar las elecciones generales del domingo 18 de octubre de 2020, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) firmó un convenio de cooperación interinstitucional con las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana. El presidente del órgano electoral, Salvador Romero, sostuvo que uno de los objetivos es proteger la cadena de custodia.

Este convenio tiene la finalidad de preservar la seguridad de los comicios, el día de votación, los recintos en los que la ciudadanía emitirá su voto y del material electoral durante toda la cadena de custodia. Aspecto que fue observado en las pasadas elecciones, que tuvieron que ser anuladas por el fraude electoral propiciado por el Movimiento al Socialismo.

“Este fue uno de los elementos que más se observó, como un aspecto vulnerable en el proceso electoral anterior. Ahora vamos a tener el respaldo de la Policía y de las Fuerzas Armadas para ayudar a cuidar toda la cadena de custodia del material electoral”, indicó Romero.

Puntualizó que este resguardo al material electoral, está contemplado desde el momento en que este sale de los centros de logística de los tribunales departamentales, hasta el momento de su retorno después de haber cumplido su función de recolectar datos de la votación en los recintos electorales.

Por su parte, el titular de la cartera de Defensa, Luis Fernando López, expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado con el Órgano Electoral para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan colaborar en la realización de un proceso electoral transparente en el que se respete la voluntad de la población mediante su voto.

“Es un convenio que abre las puertas a una elección transparente y con un voto resguardado en cada rincón del país” expresó López.

Señaló que este es uno de los primeros pasos para garantizar el éxito de las elecciones del próximo 18 de octubre.

La participación del vocal René Delgado en la audiencia de acción de Amparo Constitucional que intentó habilitar a Evo Morales como candidato a senador, ante el rechazo dispuesto por el Tribunal Supremo Electoral, meses atrás, aparte de ser calificada como una vergüenza por el ex mandatario, también es una más de las acciones que este miembro de poder judicial utiliza para favorecer intereses del masismo.

Tras la votación de la Sala Constitucional Segunda de La Paz, que terminó en un empate, el abogado Williams Bascopé, denunció que durante esta audiencia el vocal Delgado extrañamente fue inquisidor contra el TSE y contemplativo con Wilfredo Chávez, abogado del ex presidente Morales, por lo que Quiroga acusó a esta persona de tener afinidad con el Movimiento al Socialismo. Sin embargo, este no sería el único antecedente que tiene el juez Tercero de Sentencia de La Paz, René Delgado.

El candidato presidencial por la agrupación LIBRE-21 mediante un comunicado señaló que este tipo de acciones en favor de ex autoridades y afines al MAS ya son recurrentes y que el mismo fue víctima del juez en cuestión, llegando a sufrir una condena que después fue revocada por el propio Tribunal Constitucional por errores en su fundamentación.

Archivos digitales de prensa a los que el exmandatario recurrió, señalan que Delgado atendió varios juicios iniciados por autoridades del gobierno del MAS, quienes salieron airosos en casi todos los procesos abiertos contra sus adversarios políticos.

En septiembre de 2010, Delgado condenó al ex presidente Quiroga a 2 años y 8 meses de reclusión por los supuestos delitos de calumnias e injurias denunciados por el Banco Unión tras verse envuelto en el caso de corrupción Catler-YPFB que derivó también en la muerte del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach, en febrero de 2009. La defensa del ex presidente apeló ante el Tribunal Supremo de Justicia, donde la sentencia fue revocada por evidenciar errores de fundamentación que debieron corregirse.

En marzo de 2012, el juez Delgado emitió la resolución No. 06/2012 condenando al periodista del semanario “Larga Vista” Rogelio Peláez Justiniano, a dos años y seis meses de cárcel por los delitos de difamación y calumnia, por haber denunciado a un abogado vinculado al MAS, que dentro del juicio por el caso Focssap cobró honorarios por casi 400.000 dólares, incluso más de lo que sus propios defendidos, todos jubilados, pretendían cobrar del viejo sistema de seguro de la administración pública. Luego de cinco años de proceso, el Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 136/2014, anuló la sentencia 06/2012 emitida por el juez de La Paz René Delgado porque carece de fundamentación; porque el juez Delgado, no estableció con precisión cuál es el hecho o conducta que afecta la reputación del querellante.

En enero de 2014, luego de casi medio año de tener en su poder la denuncia del diputado Fabián Yaksic por los delitos de calumnia y difamación, el juez Delgado declaró rebelde y ordenó la aprehensión del denunciado Viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez. Después de varios días Pérez se presentó ante el juez para impugnar su rebeldía. René Delgado aceptó y dejó sin efecto la aprehensión y Pérez salió sin problema.

En julio de 2016, el ministro de Minería Cesar Navarro denunció a Gabriela Zapata por difamación y calumnia por haber manifestado que el ministro habría buscado algún rédito de los contratos que firmó la empresa CAMC. El juez Delgado presionó por una retractación, Zapata accedió y Navarro quedó libre de sospecha.

En agosto de 2016, a denuncia del presidente Evo Morales, el juez Delgado abrió causa por difamación, calumnias e injurias contra el periodista Humberto Vacaflor, quien atribuyó a Morales "la autoría intelectual y mediática del asesinato de los esposos Andrade", ocurrido en medio de enfrentamientos entre uniformados y cocaleros en octubre del año 2000 en el Chapare. La autoridad judicial logró sentar en el banquillo del acusado al periodista y le dio un plazo fatal de diez días para que presentara pruebas o se retractara. Delgado consiguió su objetivo y el periodista se retractó. Acto seguido, el juez extinguió la causa y el entonces ministro de Gobierno Carlos Romero aplaudió la decisión judicial porque entendía que Morales salía limpio de las denuncias que apuntaban al líder cocalero del Chapare, como la persona que ordenó la muerte del teniente de Policía David Andrade, de 26 años, su esposa Graciela Alfaro, de 19. En ese mismo tiempo, los sargentos Gabriel Chambi y Silvano Arroyo murieron después de haber sido secuestrados por los cultivadores de coca.

En marzo de 2016, Delgado ya como juez, del Tribunal de Sentencia, condenó a dos años de prisión a la ex dirigente de esposas de los policías Guadalupe Cárdenas, quien luego de permanecer 17 meses en la cárcel de Obrajes de La Paz, logró recuperar su libertad. La acción penal fue interpuesta por el ministro de Gobierno Carlos Romero, quien anunciaba en ese tiempo que era una forma de sentar precedente contralas personas que utilizan a la Policía para fines políticos.

En noviembre de 2016, el mismo juez negó una acción de libertad presentada por la defensa del abogado Eduardo León, acusado de falsedad material y otros tres delitos por los que estuvo recluido en el penal de San Pedro por el caso Zapata. León perdió ante el juez de garantías, continuó en la cárcel pero recuperó su libertad luego de 11 meses de estar preso.

Quiroga compartió estos casos como una muestra de las veces que el vocal Delgado favoreció al MAS y desde su cargo se encargó de amedrentar a las personas que no compartían línea ideológica con el partido de Morales.

NORMA CONSTITUCIONAL

Al respecto el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, volvió a manifestar que la decisión de inhabilitar la postulación de morales para el cargo de senador fue realizada en absoluto apego a lo que manda la norma constitucional.

“El TSE ya se pronunció sobre la residencia del candidato Evo Morales, hizo toda una evaluación y se pronunció en una resolución que está de acuerdo al Tribunal Supremo, apegado a lo que disponen la constitución y las leyes” puntualizó Romero.

Asambleístas nacionales como la senadora Carmen Eva Gonzales, anunciaron iniciar procesos en contra del vocal Delgado por incurrir en prevaricato y por incumplimiento de lo que manda la Constitución en cuanto al artículo 217, que señala que no correspondía la presentación de un Amparo Constitucional sino un recurso extraordinario de revisión, además de la violación del artículo 149 en el que se establece que para que una persona se presente como candidato al cargo de senador debe haber cumplido con dos años de residencia previa en el país. “Todo el país conoce, y es consciente de que Evo Morales no vive en Bolivia, opera desde la Argentina” expresó.