Descontento de plataformas y activistas

Argumentando irregularidades en el proceso electoral, en las últimas horas, algunas plataformas y activistas por la democracia pidieron que la presidenta constitucional del Estado, Jeanine Añez, entregue el gobierno a una junta conformada por militares; entretanto, desde el Movimiento al Socialismo (MAS) pidieron que el Ministerio Publico actúe de oficio en contra de estas personas por haber cometido delitos de sedición.

A lo largo de los últimos días se han presentado en inmediaciones de la plaza Murillo, distintas agrupaciones que expresan su desacuerdo con las medidas asumidas por legisladores del MAS a los reglamentos de las cámaras legislativas, y para denunciar supuestas irregularidades en el pasado proceso electoral.

La jornada pasada uno de estos grupos, dirigidos por el militar en servicio pasivo, Jorge Almeida, sorprendió al pedir que la jefa de Estado entregue el mando a una junta cívico militar antes de que el MAS asuma la presidencia.

“Exigimos inmediatamente a este gobierno en sucesión, que entregue el mando a un gobierno de transición civil, militar, policial y campesino. El pueblo para el pueblo”, señaló.

Manifestó que esta petición se justifica en la supuesta manipulación de los resultados de las elecciones generales, y por falta de auditorías al padrón electoral.

Desde el Movimiento al Socialismo descalificaron estas posiciones y lamentaron este tipo de pedidos que son contrarios al sentido democrático del país y su población. La diputada Sonia Brito lamentó este tipo de posiciones y pidió a las autoridades judiciales tomar cartas en el asunto al haberse cometido delitos en contra del estado de derecho.

“Hacemos un llamado a que la Fiscalía actúe de oficio, ya que personajes y personas irresponsables están haciendo un llamado público para dar un golpe de estado y no respetar el estado de derecho, para no respetar las decisiones de un acto democrático como son las elecciones”, señaló la parlamentaria.

Agregó que el proceso electoral fue reconocido por todas las instituciones del Estado, por lo que las personas que realizan estos pedidos estarían incurriendo en los delitos de sedición y terrorismo, motivos por los que las autoridades competentes podrían determinar su detención inmediata.