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El ApodacaGate y el “volteo” judicial de las Municipales

Erick Fajardo Pozo

El juez Apodaca, el de los audios filtrados, ese que dijo “desconocer” una resolución de autoridad suprema que anuló su auto coactivo en el caso “vehículos” y “sacó vacaciones” para no acatar la sentencia constitucional que imponía anular el pliego de cargo viciado que propició el intento de inhabilitación ilegal a Manfred en enero –, súbitamente retornó de su vacación para activar una segunda actuación judicial en Sucre y propiciar un nuevo intento de inhabilitación de la candidatura de Reyes Villa.

Molesto porque la Contraloría General del Estado frustró el primer intento de inhabilitación, al ignorar su ejecutoría de un auto anulado y más bien emitir la solvencia fiscal con la que el Tribunal Supremo Electoral habilitaría a Reyes Villa, Apodaca reasumió funciones para raudamente volver a enviar el expediente revocado a Sucre, donde una Sala Social Contenciosa, también objetada en su ratificación del viciado fallo, volvió a emitir tal cual y en menos de una hora el auto coactivo anulado por el Tribunal Constitucional cuatro años atrás, sin incorporar las correcciones solicitadas o enmendar los vicios señalados.

Esa sala, presidida por Antonio Revilla, “enlace” del poder político en Sucre durante el quindenio evista, lejos de subsanar las observaciones por las que el Tribunal Constitucional anuló su primer fallo, ratificó el viciado auto ignorando tiempos y plazos procesales, apelando a argumentos ya objetados en 2016: La compra estaba prevista en el POA prefectural, los vehículos se ajustaban a la descripción del clasificador presupuestario y el monto del cargo adjudicado estaba sobredimensionado.

¿La intención de parir tal contrahecho jurídico? Que se convierta en otro incidente para intentar inhabilitar otra vez a Manfred sobre el límite del plazo legal para someter impugnaciones al Tribunal Supremo Electoral.

En palabras sencillas: operadores judiciales expuestos en exprofesa intención de torcer el procedimiento jurídico, se reafirmaron en su capricho de intervenir el proceso electoral, le “metieron nomás” otra vez, esta vez mofándose del guardián constitucional y propinando un golpe al proceso democrático.

Ahora ese deforme engendro vuelve a su progenitor en Cochabamba, donde Apodaca espera para notificar, también en tiempo récord, a las partes.

Ese no es el actuar de un operador de justicia, sino de un comisario político. No hay ningún criterio legal en la obstinación de Revilla y Apodaca por reproducir el instrumento viciado sino operar un “volteo” de los comicios municipales.

No menos vil es la actitud carroñera del puñado de seudo-opositores rezagados en la contienda, insignificantes en las encuestas, pero atentos a cosechar de un posible siniestro de la primera fórmula en preferencia ciudadana, que ven imposible vencer en una justa democrática y legal, así que apuestan a secundar los afanes evistas de inhabilitación del favorito.

Se lo advertí a Manfred el día que, cual veteranos exiliados de la insurrección autonomista, compartimos un café en Viena y él me anunció que regresaba a Bolivia con la esperanza de retomar el proceso de descentralización truncado por el Revocatorio inconstitucional al cual jamás se sometió. “No es el tiempo, no hay condiciones mínimas”, le advertí, haciendo hincapié en que se había ya perdido todo lo ganado con el esfuerzo popular de noviembre el día mismo que Jeanine Áñez asumía el gobierno.

Pero Manfred volvió y, desafiando a la plaga, la guerra sucia y la judicialización de la política, por un momento su fuerza centrípeta hizo orbitar de nuevo todo alrededor de él; todo excepto la sumisión viciosa de un Poder Judicial intervenido e infiltrado por la más innoble de las criaturas políticas: Evo Morales.

Su ordalía no ha terminado. Si vence este nuevo intento de prostituir la justicia a los instintos primarios de la autocracia para-constitucional que gobierna desde LaucaÑ, deberá enfrentar un desafío más: Montar un mecanismo de control electoral capaz de exorcizar el fantasma del fraude en el llenado de actas.

El autor es Master en Comunicación Política por la GWU-GSPM.

Usurpado el 7 de octubre de 1970, por defender
la libertad y la justicia.
Reinició sus ediciones el primero de septiembre de 1971.

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