Piden al Vaticano intervenir en caso de campesinos paraguayos

Asunción.- El activista de derechos humanos Martín Almada, representante de la Asociación Americana de Juristas, pidió ayer al Nuncio Apostólico en Paraguay, Antonio Ariotti, que intervenga en el caso de cinco campesinos encarcelados que llevan 58 días en huelga de hambre.

Un tribunal negó el pasado miércoles sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario para los detenidos, acusados de intento de homicidio por una matanza en 2012, una decisión que sus abogados han apelado, informó Efe.

En una carta enviada ayer al Nuncio y distribuida a la prensa, Almada solicitó su “enérgica intervención” en favor de los campesinos.

El activista, que fue torturado durante la dictadura de Alfredo Stroessner, destacó la injusta distribución de la tierra en Paraguay y la falta de medidas en favor de la reforma agraria, pese a que está contemplada en la Constitución.

La matanza, en la que murieron once campesinos y siete policías, tuvo lugar cuando los agentes intentaron desalojar a los labriegos de una finca que habían invadido para reclamar que fuera parte de la reforma agraria.

El apelo del activista, que en 1992 descubrió los llamados “Archivos del Terror”, documentos oficiales que revelan los abusos del régimen de Stroessner, se unió a un comunicado firmado por nueve organizaciones sociales paraguayas, que pidieron también ayer el arresto domiciliario.

Las entidades, que incluyen asociaciones rurales, de mujeres y educativas, aseveran que la Fiscalía “realizó una investigación parcial y una acusación arbitraria” contra los cinco hombres.

Los campesinos fueron trasladados la semana pasada al hospital militar de Asunción desde la cárcel de Tacumbú debido a su delicada situación de salud.

Los hechos ocurrieron cuando la Policía intentó desalojar a un grupo de campesinos que había invadido unas tierras cuya propiedad se disputan el Estado y la familia del fallecido Blas Riquelme, quien fue un importante miembro del Partido Colorado, actualmente en el poder.

Los campesinos están acusados de intento de homicidio por la muerte de los policías, pero no hay imputados por el fallecimiento de sus once compañeros en el enfrentamiento, ocurrido en una zona rural del municipio de Curuguaty, a unos 250 kilómetros al este de Asunción.