Acusan a un comunario de agredir a sus padres

El fiscal de materia Harold Jarandilla informó que un poblador de la comunidad Carmen Lipe fue acusado de golpear a sus padres dejándolos con más de 15 días de impedimento por roturas de labio, tabique y diversas policontusiones.

Asimismo, denunció que comunarios de la mencionada localidad pretenderían impedir el proceso para lograr impunidad en favor del sindicado.

De acuerdo con los antecedentes de la denuncia se establece que el pasado 19 de mayo del 2013, fecha en la que los padres del sindicado volvían a su domicilio, fueron encontrados por su yerna, Benita T., quien con engaños les pidió que fueran a la casa de su hijo. Al momento de ingresar al domicilio, el sindicado agredió verbal y físicamente a sus padres ocasionando la rotura de nariz, boca y parte de la cabeza.

El informe del médico forense firmado por Bismarck Gutiérrez asegura que una de las víctimas, Genaro P., registra fractura de huesos propios de la nariz, varias policontusiones, dejando como impedimento más de 15 días, salvo complicaciones. En tanto que el radiólogo Edgar Pérez define como origen traumático golpe en Mientras que Eusebia Q. madre y víctima del sindicado, presenta policontusión, difusión de la articulación temporomandibular izquierdo (rotura del labio superior, como consecuencia del golpe propiciado), aspecto que confirma 10 días de impedimento salvo complicaciones semana el informe del médico forense Bismarck Gutiérrez.

Debido a estas pruebas presentadas, el fiscal Harold Jarandilla anunció que se imputa formalmente a Teodocio Juan Pari Quenta y Benita Domitila Ticona Quisbet por la presunta comisión del delito Violencia Familiar o doméstica previstos en el artículo 272 numeral tres del Código Penal insertado por la Ley 348 en el grado de autoría de acuerdo con el artículo 20 del Código Penal.

COMUNARIOS

En pasados, días un documento presentado ante el fiscal y firmado por dirigentes comunarios por la Central Agraria de Trabajadores Campesinos de Villa Lipe, perteneciente a la provincia Omasuyus, y que lleva la firma de Freddy Cuenta Acero, suboficial mayor, Félix Mamani Mayta, secretario General, además de los sellos correspondientes, demandó al fiscal una audiencia para suspender el proceso penal porque supuestamente el caso habría sido solucionado por la denominada Justicia Comunitaria.

El fiscal Jarandilla observa que las normas del propio Tribunal Constitucional establece que aquellos delitos que afecten derechos y garantías constitucionales fundamentales, como el derecho a la vida, deben ser sometidos de conocimiento de la justicia ordinaria. Por tanto, al haber ocasionado daños físicos directos y causando riesgos en la vida de las dos personas de la tercera edad, quienes corrían el riesgo de perder la vida en esa acción violenta, la justicia comunitaria no puede vulnerar los derechos universales, remarcó.

“Por lo tanto la Comunidad debiera poner en conocimiento del juez que analiza dicho proceso penal, su observación, pero no pueden interferir en la justicia ordinaria ocasionando impunidad”, aclaró.

En la actualidad, fiscales y jueces, de manera constante, llegan a ser presionados por parte de representantes comunitarios, bajo el argumento de ser autoridades rurales y que dicha instancia es la que soluciona las denuncias presentadas en contra de sus similares, buscando de esa manera evitar que sus afines sean procesados por la justicia ordinaria, aunque los delitos cometidos ocasiones la vulneración de los derechos universales de sus víctimas.