Seguridad alimentaria y “legislitis”

Un reciente informe de la FAO sobre Perspectivas Alimentarias a mayo del 2014 señala lo siguiente: “Los mercados de alimentos se han visto afectados por las preocupaciones sobre las condiciones meteorológicas y las tensiones políticas en la región del Mar Negro, que desde febrero han aumentado el índice de precios de los alimentos de la FAO. Aunque la factura de las importaciones mundiales de alimentos de 2014 podría estabilizarse en USD 1,29 billones, se prevé que las facturas correspondientes a los productos de origen animal aumenten, sustentados por el aumento de los volúmenes y los precios”.

¿A qué viene esta cita? Sirve para recordar que uno de los problemas del momento a nivel mundial es la producción de alimentos y la denominada seguridad alimentaria, entendida ésta como la posibilidad de acceso a los alimentos por la población, sea mediante avances en la autosuficiencia productiva o una gran parte mediante el comercio local, regional, nacional y mundial, tal como se aprecia por esa gigantesca cifra de US$ 1,29 billones. Bolivia, a su vez, según el IBCE que informó: “en 2013 la importación de alimentos y bebidas alcanzó 641 millones de dólares, un incremento del 13 por ciento con respecto al año anterior”.

Frente a esta realidad, el país mediante sus organismos oficiales lanza discursos y campañas para lograr una mayor producción de alimentos, pero los casos más exitosos son los de la coca (que sólo parcialmente es usada como alimento), la quinua y los productos de agroexportación, producidos mayormente en Santa Cruz, donde se ha logrado un avance significativo como sector productivo. Este éxito se basa en una fórmula muy simple: el mercado funciona.

El resto es un conjunto de disposiciones legales (la legislitis a que hace referencia el título) que supuestamente están dirigidas a mejorar nuestra capacidad productiva: Ley de Desarrollo productivo Agropecuario, Ley de la Madre Tierra, Ley INRA y en los últimos años la abundancia de decretos supremos que restringen o provocan trabas a las exportaciones de soya, carne de res, carne de pollo, maíz, aceite, subproductos de maíz, azúcar, los cuales han tenido el efecto contrario al esperado, al desestimular la producción nacional.

Con las debidas disculpas a los auspiciadores: la Fundación Friedrich Ebert, el día 19 fui invitado a un desayuno trabajo para debatir una “Propuesta de Ley Municipal Autónoma de Seguridad Alimentaria”, la cual apunta a “establecer las normas que rigen, dentro del marco de la Seguridad Alimentaria, el uso, acceso y disponibilidad de alimentos para los ciudadanos del Municipio de La Paz. Se promueve procesos adecuados de producción distribución, acopio, comercialización y consumo saludable de alimentos”.

Toda una propuesta muy ambiciosa que, entre otras cosas, cree que contribuirá a la seguridad alimentaria de más de 700.000 habitantes con producción propia, dentro de los límites del municipio.

Mi comentario en este encuentro fue: “quien abarca mucho, poco aprieta”, esto es, señores promotores de la idea (obviamente, siempre es grato crear una burocracia más, para vivir del presupuesto público), identifiquen una función concreta de las atribuciones municipales, que pueda prestar un mejor servicio de llegada de los alimentos de los productores del departamento y del país, a los consumidores, en condiciones de sanidad adecuada. El resto lo resuelven solos los productores del departamento y el resto del país y los consumidores por la libertad que aún tienen de escoger con lo que les gusta alimentarse.