La Cancillería y los sucesos de Venezuela

El día 30 de marzo pasado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela desafiando al mundo democrático suprimió la inmunidad de los miembros de la Asamblea Nacional de mayoría opositora -haciéndolos pasibles al juzgamiento penal- y se atribuyó las funciones legislativas del país. Este autogolpe de Estado, como se le llamó, respondía de modo rudo e inédito a las presiones internacionales para que el Gobierno de Nicolás Maduro convoque a elecciones generales ante la debacle económica y social en que está sumido uno de los países más ricos en hidrocarburos.

El cierre del Legislativo trataba de mostrar que el régimen era capaz de una decisión semejante y de mucho más, mientras castigaba a los legisladores con la destitución, advirtiendo a propios y extraños que no les está permitido pedir auxilio a la comunidad internacional.

Antes de las 24 horas de la sentencia señalada del día 29 de marzo, la Cancillería de la plaza Murillo declaró su “apoyo incondicional” a las medidas tomadas en Caracas, sin darse tiempo para reflexionar ni analizar, enviando malas señales y deteriorando la imagen del país, ya que tal pronunciamiento lo dejó solo frente a la reprobación internacional. Este autogolpe no contó ni con la solidaridad del presidente de Ecuador, Rafael Correa, supuesto mandatario sobreviviente del socialismo del Siglo XXI, y hasta determinó el retiro definitivo de embajador de algún país. De este modo asistimos a un debut poco auspicioso del flamante canciller Fernando Huanacuni. Por añadidura, ¿el apoyo concedido no advierte o notifica acaso de que pueden caber en lo interno medidas antidemocráticas extremas como las tomadas en Venezuela?

Como solitario justificativo para asumir las potestades legislativas de un órgano procedente de la voluntad popular, el TSJ venezolano recurrió al argumento de que los legisladores se encontraban en desacato por no desvincular a tres de sus miembros acusados de irregularidades.

Pues, bien, antes de 48 horas el mismo TSJ revocó su propia decisión y devolvió las funciones legislativas al órgano correspondiente, entonces queda del todo desguarnecida la ligera y precipitada posición de la Cancillería nacional. La indicada retractación no es gratuita ni mucho menos, sino que el gobierno chavista no tenía alternativa de cara a las sanciones previstas por la Carta Democrática Interamericana de inminente aplicación por la OEA, situación aún no conjurada mientras subsista la recurrencia dictatorial y represiva del régimen, sumada al desabastecimiento y la hambruna que padece hace rato la población de nuestra hermana nación bolivariana.