Fiscalía dispone el análisis patrimonial en caso Anapol

El 12 de julio de este año, el fiscal Erlan Almanza emitió tres requerimientos a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Consejo de la Magistratura y Tránsito, para que se realice el análisis financiero patrimonial, congelamiento de cuentas y anotación preventiva de bienes, inmuebles y vehículos de cinco imputados, dentro del caso de estafa a postulantes a la Anapol. Entre ellos, el exinspector de la Policía Nacional, general Gari Omonte, según documentación a la que tuvo acceso EL DIARIO.

En abril de este año, Kuscaya Velásquez Robles fue detenida y enviada a la cárcel de mujeres de Obrajes, luego de ser denunciada por estafa a tres padres de familia de postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol), de quienes habría recibido cerca de 50 mil dólares.

Boris Espinoza, abogado de las víctimas, informó que Velásquez engañó a sus clientes, asegurándoles que tenía influencias en los altos mandos policiales.

Para probar su versión, la misma vestía de uniforme con grado de capitán y sostenía contactos telefónicos con los jefes policiales. Si bien se mencionó que existen más de 10 víctimas, al momento en el proceso figuran solo tres denunciantes.

En el proceso de investigación, primero se revelaron las grabaciones de llamadas telefónicas extraídas del teléfono de Velásquez. En las mismas, los oficiales con los que conversaba le hacen pedidos de damas de compañía, además hablaban sobre la intimidación de alumnos de la Anapol para lograr ventajas con uniformes.

Al mismo tiempo, se reveló que la mujer mantuvo varias entrevistas con el general Omonte, que fueron atestiguadas por sus víctimas, asumiendo la veracidad de los ofrecimientos y accediendo a entregar montos de dinero para que sus hijos logren ingresar a la Anapol.

Por su lado, tanto Velásquez como Omonte han negado conocerse y en el caso del general anunció un proceso por calumnias en contra de la mujer, pero las investigaciones arrojan otro tipo de indicios.

En esa línea, además de Omonte, la Investigación se amplió contra Pablo Vargas, el subteniente Germán F. Erazo, hijo de Velásquez, y el mayor Fredy Valda, exdirector anticorrupción de la Felcc.

Los tres requerimientos emitidos por el fiscal Almanza piden lo mismo para los cinco imputados. Análisis financiero patrimonial a la UIF, retención de todas las cuentas bancarias registradas a esos nombres y la anotación preventiva de los inmuebles y vehículos al Consejo de la Magistratura y el Órgano Operativo de Tránsito.