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Denunciarán “imposiciones” del Gobierno

En tardía decisión empresarios recurren a organismo en Ginebra

• Economistas calificaron de contemplativa la conducción del empresariado privado nacional, lo que abrió espacios al Gobierno para adoptar decisiones a su libre voluntad, como ocurrió con las disposiciones anunciadas el 1 de Mayo sobre el ajuste salarial, Ley de Empresas Sociales y el segundo aguinaldo


Luego de varios años, el sector logró convocar a microempresas y otros sectores productivos en la capital del departamento.

Dos economistas señalaron que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) reaccionó tardíamente al anunciar que representará las “imposiciones” del gobierno de Evo Morales ante la Conferencia Internacional del Trabajo, que sesiona en Ginebra, Suiza, en razón a que fueron marginados en las decisiones finales de incremento salarial, anunciado por el Ejecutivo el pasado 1 de Mayo.

La Conferencia fue abierta del 28 de mayo y concluirá el 8 de junio, reúne cada año a delegados de los gobiernos, los trabajadores y los empleadores de los Estados Miembro de la Organización Internacional del Trabajo, con la finalidad de evaluar la situación del empleo en distintas partes del mundo.

El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, manifestó que decidieron activar este mecanismo legal, porque cada año el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) no cumplen los compromisos internacionales, que obligan a realizar una consulta exhaustiva con la plena participación del sector privado, cuando se trata de asumir determinaciones sobre incrementos salariales de carácter colectivo.

Nostas aseguró que activaron los mecanismos legales correspondientes para que los gobernantes cumplan con los compromisos adquiridos, en el marco  de respeto al mundo del trabajo. En su discurso sostuvo que el incremento salarial dispuesto para este año, no responde a la realidad del sector productivo del país, pero sobre todo no percibe las señales que emite el mercado laboral, que se halla en franco decrecimiento, y sin considerar las posibilidades o imposibilidades de las empresas medianas y pequeñas.

OPINIONES

Pasaron 12 años y medio, y el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) ni el sector empresarial tomaron decisiones concertadas, como las que anunció ayer el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, a tiempo de informar que esta institución recurrirá a la Organización Internacional del Trabajo y ante la justicia nacional en contra de la Ley de Empresas Sociales.

Acerca de ello, este sector fue contemplativo, según expresaron, por separado los economistas, Julio Alvarado y Darío Monasterio, en Santa Cruz.

Alvarado puntualizó que ese tipo de observaciones debieron hacerse cuando la CEPB y Gobierno tenían buena relación, mientras que Monasterio dijo que existe la sensación de que se dio lugar a que el Gobierno “haga lo que quiera, como establecer medidas sociales a su antojo, implementar una presión tributaria, entre otras medidas, ante lo cual los empresarios reaccionaron tardíamente”.

MARGINADOS

“Nos han marginado de todo proceso de diálogo y negociación sobre los aumentos (salariales), no obstante que los empresarios asumimos el costo final de estas decisiones, (pero) debo informarles que nuestra organización ha asumido acciones de defensa y, en estos momentos, una delegación institucional se encuentra presentando una denuncia ante la Conferencia Internacional del Trabajo”, en su sede, que es Suiza.

Nostas hizo el anuncio durante su intervención en el congreso nacional de emergencia que desde ayer realizan los empresarios privados del país en la ciudad de Santa Cruz.

En los últimos años, los privados expresaron de manera constante su cuestionamiento por los aumentos salariales que se asumieron sin su participación.

Al respecto, corresponde anotar que para la gestión 2018, el Gobierno y la COB decidieron incrementar el haber básico en 5,5% y el salario mínimo nacional en 3%, además garantizaron para el fin de año el pago del segundo aguinaldo.

EVALÚAN QUEJA ANTE LA OIT

Pasaron 12 años y medio, y el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), así como el sector empresarial, no tomaron decisiones como a las que refirió ayer el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, en sentido de acudir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ante la justicia nacional por la Ley de Empresas Sociales.

Acerca de lo expuesto por Nostas, de que el empresariado nacional acudida a la OIT, al economista y analista del sector externo Julio Alvarado y al experto en temas de comercio exterior Darío Monasterio, quienes coincidieron -por separado- en indicar que la decisión del sector empresarial resulta a todas luces tardía.

Alvarado puntualizó que ese tipo de observaciones debieron hacerse cuando la CEPB y el Gobierno, tenían buena relación.

“Podían cuestionar, y hacer cumplir la determinación de la OIT sobre las reuniones tripartitas; han aceptado”, reflexionó Alvarado, al indicar que el Gobierno lo hace desde el 2006, y pasaron 12 años y medio, y el sector no se quejó.

RECOMENDACIÓN

Ahora, con respecto a la determinación de los empresarios de acudir a la OIT, en Ginebra, para denunciar el incumplimiento de lo establecido por este organismo sobre las reuniones tripartitas, Alvarado dijo que lo que puede hacer este organismo es recomendar su cumplimiento.

Pero recordó que el Gobierno, en reiteradas oportunidades, mostró poco interés en atender las recomendaciones que hagan los organismos internacionales.

CONTEMPLATIVO

Mientras tanto, Monasterio criticó a los empresarios por la posición que tomaron en los últimos años, primero fueron contrarios, y tras la persecución y amedrentamiento al sector privado de Santa Cruz, asumieron una posición contemplativa.

Esa sensación dio lugar a que el Gobierno haga lo que quiera, como establecer medidas sociales a su antojo, implementar una presión tributaria, entre otras; y los empresarios reaccionaron tardíamente.

Monasterio fue enfático en indicar que al Gobierno no le interesa promover la inversión privada nacional y menos la extranjera, ya que se ejecuta un modelo capitalista de Estado.

 
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