Suicidio nacional

El país vive en una permanente confrontación que afecta la vida social, económica y política, esto se podrá apreciar en lo que sigue.

A principios de enero del presente año, las noticias de los principales periódicos de la ciudad de La Paz se referían al bloqueo de caminos dispuesto por el transporte pesado en demanda de la abrogación del Código del Sistema Penal, el cual afectó al menos a seis regiones del país, donde se realizaron operativos policiales que intentaron despejar las rutas, con un saldo de al menos cuatro detenidos.

En paralelo, aumentó la presión para que el Gobierno disponga la abrogatoria de esa disposición legal, con decisiones como la asumida por la Central Obrera Boliviana (COB) que convocó a un paro de 24 horas que se extendería a 48 y luego a 72 horas si el Gobierno no cumplía con esta exigencia.

“Es un paro movilizado y popular... las 72 horas y luego indefinido si el Gobierno no atiende la demanda popular, la demanda del pueblo boliviano”, afirmó en conferencia de prensa el principal dirigente de los trabajadores, Guido Mitma, quien afirmó que la exigencia es “un nuevo código penal acorde a los intereses nacionales”.

Como todos sabemos, después de un par de semanas el gobierno tuvo que ceder ante la demanda de la COB y otras organizaciones sindicales y ciudadanas. Pero, la gran interrogante, esta forma de pugna que termina en bloqueos que afectan a las empresas, la educación y las diferentes áreas de la vida nacional, deja malestar en las relaciones Gobierno-instituciones y ciudadanía. Además representa un alto costo económico para el país

A lo largo del mes de febrero hubo paros casi generalizados en 7 departamentos del país, exigiendo el cumplimiento del revocatorio del referéndum que le dijo NO a una nueva reelección del primer mandatario.

Representantes cívicos de siete regiones de Bolivia ratificaron en una reunión, realizada en la ciudad de Cochabamba, cumplir un paro cívico nacional para el 21 de febrero con el propósito de exigir al Gobierno nacional el respeto a los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, que en su mayoría dijo No a una nueva repostulación del Presidente y Vicepresidente.

El pronunciamiento señalaba: “Ratificar el Paro Cívico Nacional con bloqueo de calles, avenidas y carreteras en cada uno de los departamentos a partir de las cero horas del 21 de febrero de 2018”, se lee en el artículo tercero de la resolución emitida por los comités cívicos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Beni, Tarija y Oruro.

El Gobierno nacional argumentó que los resultados del 21F de 2016, adversos a Evo Morales y Álvaro García Linera, se debieron a que el pueblo fue engañado por las mentiras de la oposición. En 2017, diputados del MAS presentaron una recurso de Inconstitucionalidad Abstracta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que fue admitido y habilitó al presidente Evo Morales, y demás autoridades, a la reelección sin límites.

Con el problema de Incahuasi, durante el mes de mayo el Comité Cívico de Chuquisaca determinó un paro indefinido. Al haberse congelado el pago por las regalías a favor de Santa Cruz, un juez de Garantías Constitucionales de Santa Cruz ordenó pagar este beneficio, que estaba retenido desde diciembre del año pasado por un litigio limítrofe entre ambos departamentos.

Los chuquisaqueños a su vez exigían la anulación de una ley, aprobada, en la que se fijaba límites definitivos entre ambas regiones. Como resultado de esa ley se determina que Incahuasi es parte de la jurisdicción cruceña.

Con estos ejemplos destacados, resulta evidente que el país en su conjunto se provoca daños económicos y se rompe la unidad de los bolivianos, con una actitud que puede calificarse como un verdadero suicidio nacional, por lo cual es necesario trabajar en un comportamiento que apoye la unidad del país.