Justa reacción de Roboré

La distribución y adjudicación de tierras a comunidades indígenas por el INRA derivó en una crisis en Roboré, departamento de Santa Cruz. Se trata de la comunidad Túpac Amaru con la entrega de tierras pertenecientes a la Reserva Municipal El Paquío y la Conservación del Valle de Tucavaca de 2.400 hectáreas. Esta comunidad deforestó por lo menos 60 hectáreas de dicha reserva con maquinaria pesada, área protegida que alberga una variedad de árboles silvestres de ricas maderas, bella vegetación y múltiple especies de aves y fauna.

A comienzos de mes personeros del INRA se habían comprometido en Roboré a revertir la adjudicación y relocalizar a la indicada comunidad, pero vencido el plazo no cumplió su compromiso, iniciándose un bloqueo de la carretera y de la vía férrea al Brasil. La Policía procedió a un violento desbloqueo con agentes químicos y la población roborense indignada incendió el inmueble sede de los efectivos policiales y un bus que transportó refuerzos para la unidad. Esta reacción incendiaria ni otras parecidas no se justifican, por ningún motivo, y dejaron a esa población ausente de resguardo.

Se ha denunciado que este asentamiento no es el único ni mucho menos. Hay consensos sobre que se trata de una política estudiada tendente a llevar grupos humanos adictos al Gobierno a distintas regiones y en especial al Oriente del país, política incrementada en períodos electorales. Así ocurrió algunos años atrás en el departamento de Pando.

Lo más lamentable es que dotaciones como la efectuada en El Paquío y Tucavaca afectan a regiones y áreas protegidas como la del Fuerte de Samaipata, donde se entregó 65 hectáreas a otra comunidad y en Laguna Concepción a una similar denominada Che Guevara, de nada menos que 1.500 hectáreas. Estarían en la mira del INRA, con las mismas finalidades, la reserva ecológica del Choré y otras del departamento cruceño. Entre estos casos el más emblemático es, sin duda, el Tipnis, penetrado por cocaleros, posesión de hecho, pero intocable.

El Altiplano tampoco está libre de tales depredaciones. El pueblo indígena Khara Khara denunció que un “sindicato” de origen masista se apropió de sus tierras, supuestamente en conocimiento del INRA. Es obvia la defensa de las reservas y de los parques protegidos por su diversidad ambiental, demandando al Gobierno se respete la vocación de las tierras y no es justo que se las desarraigue para convertirlas a la actividad agrícola. Mucho más si esto no pasa de ser un subterfugio, cuando en realidad lo que se busca es lucrar con vastas regiones como las indicadas, inmediatamente después de haberlas cambiado de destino. Por norma las dotaciones deben darse en tierras pertenecientes al mismo departamento y no extrapolarlas a oros departamentos. En los nueve del país sobra espacio cultivable y por lo general deshabitado.