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Según experto

Vigilancia mediante redes sociales causa inseguridad

Santistevan afirmó que la inteligencia y contrainteligencia deben ser manejadas por los hombres más limpios, porque son actividades para preservar el desarrollo, la vida y la seguridad del Estado


Miles de ciudadanos se consideran amenazados en su libertad de expresión y accionar al saber que pueden estar siendo vigilados.

Tras el audio que revela vigilancia y seguimiento policial en las redes sociales a periodistas y líderes de opinión, se generó un estado de inseguridad, afirmó el coronel de Ejército en servicio pasivo y abogado constitucionalista Jorge Santistevan, quien sugirió una investigación congresal.

"Ahora todo mundo anda susceptible de quien te persigue; nadie se siente seguro y eso se vive solamente en dictaduras. Este caso amerita una investigación profunda", dijo al tiempo de proponer un sumario informativo (investigación) a cargo de la Comisión de las Fuerzas Armadas y Policía del Senado para determinar responsabilidades y proceder conforme a ley.

Explicó que el espionaje es una rama de la inteligencia nacional de un Estado en áreas como la industria, la economía, la ciencia y tecnología, y el ámbito político. Éste último es el que se está viviendo en el país.

Comparó esta situación al que se vivió en 1972 en Estados Unidos, cuando el escándalo Watergate reveló actividades ilegales de la administración del presidente Richard Nixon durante la campaña electoral.

Ese incidente que terminó con la renuncia de Nixon en 1974, se originó en la detención de cinco personas mientras trataban de instalar equipos electrónicos de espionaje en la sede del rival político, el Partido Demócrata.

Explicó que las actividades de espionaje se realizan al más alto nivel para preservar la seguridad del Estado, de altos mandatarios, servicios vitales y servicios públicos esenciales.

"El espionaje se da para preservar la seguridad nacional y son una carga pesada para el Estado, porque demanda una gran cantidad de esfuerzo material, económico y humano", afirmó.

Aclaró que las acciones de inteligencia y espionaje son actividades sucias, pero que deben ser realizadas por los "hombres más limpios" del Estado.

"Decimos que son sucias porque se hacen de una manera clandestina vulnerando la privacidad de las personas (sospechosas), a través de seguimientos e interferencias para informar oportunamente al escalón superior y adoptar medidas de prevención a fin de preservar la seguridad del Estado", declaró.

En el ámbito interno de los Estados, este mecanismo está regulado por los ministerios del Interior y en el caso de Bolivia por el Ministerio de Gobierno.

Santistevan se preguntó: En el momento actual, un periodista, que analiza o difunde noticias, ¿es un peligro para el Estado o para la democracia? o ¿acaso los opositores estarían en actividades insurgentes?

Reiteró que la inteligencia y contrainteligencia deben ser manejadas por los hombres más limpios, "porque son actividades para preservar el desarrollo, la vida y la seguridad del Estado, no para perseguir, amedrentar, escarmentar, desaparecer ciudadanos, o finalmente violar los derechos fundamentales".

Cuestionó al ministro de Gobierno, Carlos Romero, que advirtió con medidas contra los responsables de la filtración del audio. "No nos interesa que identifiquen al infidente. Si el ministro Romero quiere sentar un escarmiento se equivoca porque, los infidentes van a seguir saliendo a medida que se vayan cometiendo injusticias y vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos", comentó.

Aclaró que la función de la Policía es la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y no el espionaje.

Jorge Santistevan es coronel del servicio pasivo del Ejército, donde trabajó por 35 años. Fue instructor de la Escuela de Cóndores por cuatro años, es especialista en inteligencia militar (formado en Bolivia y Alemania). Se desempeñó como asesor militar en la misión permanente de Bolivia ante las Naciones Unidas, y como agregado militar en la Embajada de Bolivia en la República del Paraguay. Ejerció las tareas de representante del Gobierno boliviano ante el Mercado Común del Sur (Mercosur) para temas de seguridad ciudadana. Es abogado constitucionalista y profesor universitario.

 
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