Caso CAMC, 3 años estancado

El senador Óscar Ortiz presentó ayer su informe de fiscalización respecto al caso CAMC, en el que se concluye que hubo favorecimiento e impunidad para la empresa china, y que, además, no se avanzó en el proceso penal ni hubo una auditoría.

El senador Ortiz presentó un documento que consta de 39 páginas, en las cual se analiza los informes de diferentes entidades, sobre la contratación de CAMC, para la construcción de la línea férrea Bulo Bulo-Montero y la investigación que se realiza al respecto.

En febrero de 2016, comenzaron las investigaciones de este caso, debido a que se reveló que la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, era gerente de la empresa china y que tenía contratos multimillonarios con el Estado, incluyendo la línea férrea, obra que incumplió y por la cual se le ejecutó boletas de garantía.

Tres años después de los acontecimientos, el proceso no experimentó ningún avance y la Contraloría General del Estado nunca hizo nada, a pesar de que el Presidente le pidió públicamente realizar una auditoría al contrato suscrito con la empresa china

Por otra parte –dijo– la Fiscalía no tiene ningún detenido y los funcionarios representantes de CAMC, responsables de ese contrato, se fueron del país antes de que el Ministerio Público tomara cualquier medida.

De acuerdo con el informe del senador Ortiz, las irregularidades en este proyecto se dieron desde su licitación, por ejemplo hace referencia a las 39 enmiendas, aceptación de un formulario de CAMC de forma extemporánea y la modificación del Documento Base de Contratación, cuando ya se contaba con la empresa adjudicada.

Asimismo, observó que se haya roto el contrato con CAMC más de un año y después de la tercera llamada de atención, cuando este motivo daba suficientes razones para rescindir el vínculo. “Esa tardanza permitió que CAMC se adjudique dos contratos más con el Estado boliviano por 243 millones de dólares”.

El informe menciona, además, que la empresa china contrató al abogado Wilfredo Chávez, quien fuera Ministro de Gobierno y actualmente es Viceministro de Seguridad Ciudadana, para evitar que las boletas de garantía fueran inicialmente ejecutadas.

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