ONG denuncia “recrudecimiento” de persecución

Managua.- El Organización no gubernamental (ONG) Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció ayer un "recrudecimiento" de la persecución contra opositores en Nicaragua, país que vive una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, en protestas antigubernamentales.

El Cenidh denunció "una nueva fase de recrudecimiento del hostigamiento y la persecución contra los ciudadanos opositores en Nicaragua, con una marcada tendencia del régimen a violentar el derecho constitucional de la libre movilización de los nicaragüenses".

La denuncia del Cenidh fue emitida luego de que cinco defensoras de los derechos humanos fueron capturadas por la Policía Nacional mientras colocaban carteles de rechazo al presidente Daniel Ortega.

El Cenidh se refirió también a la detención temporal de dos opositores este domingo cuando regresaban desde Costa Rica con 200 crucifijos de madera, que fueron decomisados sin explicaciones.

El Cenidh, que utilizó la palabra "dictadura" para referirse al Gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, calificó como "centro de persecución y tortura psicológica" el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en el límite con Costa Rica, donde los opositores "son objetos de tratos indignos".

"Como parte de ese patrón de persecución, se continúa secuestrando a diario a ciudadanos opositores y hostigando reuniones pacíficas", agregó el Cenidh, en referencia a dos encuentros de opositores realizados en propiedades privadas, que fueron rodeadas por la Policía este domingo.

Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos y detenidos, en el marco de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que el Gobierno es responsable de crímenes "de lesa humanidad" desde el estallido de la crisis, en abril de 2018.

Según la CIDH, en Nicaragua han muerto 328 personas en 16 meses de crisis. Organizaciones locales cuentan hasta 595 víctimas, y el Gobierno acepta 200. (EFE)