Sobre el transporte público

De las muchas formas de dictadura que padece el país, una de las más detestables y perjudiciales es la de los transportistas, empezando por el ámbito urbano. En los últimos paros de este sindicato, además de haber apedreado las unidades del La Paz-Bus, sus miembros agredieron a los vecinos de la región de Achumani que, como es natural, manifestaban júbilo por la nueva ruta beneficiosa del La Paz-Bus. Dicha agresión de barbarie muestra de cuerpo entero la catadura de estos sindicalizados que, no obstante, gozan de plena impunidad.

Los llamados mini-buses acusan las peores condiciones de un servicio público: falta de seguridad para los pasajeros, condiciones inhumanas y deplorables de incomodidad, mal trato y falta de educación de los conductores, actitudes arbitrarias y caprichosas como el cambio intempestivo de rutas y el “trameaje”, con el objetivo de obtener mayor lucro.

Todo el desbarajuste del transporte en el país es consecuencia de su dependencia bicéfala, a cargo de la Policía Boliviana y de los Gobiernos Municipales. La Dirección de Tránsito o como se llame, se reserva la otorgación de las autorizaciones de conducción y el cobro de multas por infracciones, situación que condena escasamente a la autoridad municipal a la determinación –en teoría- de rutas y a la lidia con los sindicatos. Esta es una de las aberraciones administrativas sin paralelo en el planeta. Por su carácter y naturaleza, el tránsito vehicular es atribución propia de los municipios.

Es más, el poderoso sindicalismo del transporte impone a capricho sus condiciones de funcionamiento, disputando autoridad a las legítimas en la materia y saliéndose con la suya cuando cree necesario. Un caso de estos es, sin duda, haber excluido al PumaKatari de la ruta troncal de la ciudad y el veto a las nuevas unidades del La Paz-Bus. La denominación de sindicato es impropia, pues, por lo general se trata de propietarios de estos vehículos, conducidos por chóferes contratados, mal remunerados y al margen de la legislación social y de todo tipo de seguros. Además estos asalariados son utilizados como grupos de choque, bajo amenaza de despido. Por otra parte, los gremios empresariales por estar libres de dependencias patronales, carecen del principal requisito de sindicalización y más bien constituyen grupos de interés y de poder, que explotan en función política, apoyando a cualquier gobierno de turno con el fin de obtener prebendas.

A la sombra del enorme número de afiliados, los gobiernos acceden fácilmente a sus exigencias e inclusive tienen asignado un cupo de escaños en el Legislativo destinado a sus dirigentes, antes como al presente. La diferencia es que el actual Gobierno ha tomado en cuenta a miembros pendientes de rendición de cuentas con respecto al tema conocido de recaudaciones en el peaje La Paz-El Alto, empozado por el transporte público, pero se rumora que fueron adscritos a cuentas bancarias personales. No sorprende esta selección desprolija y proditoria del oficialismo, a similitud con los demás “movimientos sociales”, base de sustentación del régimen.

En retribución por estos favores, los gremios del transporte actúan como ariete para defenestrar al alcalde Luís Revilla. Objetivo reiterado a través de paros y bloqueos, ocasionando grandes perjuicios a la colectividad paceña. El Gobierno secunda estos atropellos replegando a la Policía o haciéndola comparecer sólo como espectadora, mientras los transportistas -dueños de la ciudad- efectúan toda clase de hostilidades y depredaciones, amparados por su dictadura de facto. Lo más grave de estas acciones es el atentado contra la libertad de circulación, elemental derecho de una convivencia civilizada. En la víspera del bloqueo del día 27 pasado, el Comandante Departamental de Policía aseguró garantizar la libre circulación de motorizados y prometió impedir abusos de los huelguistas. Este compromiso no respetado fue canjeado por una contemplación pasiva a los acostumbrados excesos del gremio en cuestión.