Anuncian seguimiento al caso sobre fraude electoral

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, señaló que el caso del fraude electoral en las pasadas elecciones generales, además de sus responsables materiales e intelectuales, no puede quedar en la impunidad, por lo que se realiza un seguimiento constante al proceso que se sigue en contra de los principales artífices de este acto que atentó contra de la democracia boliviana.

A casi un año de los comicios presidenciales anulados por el fraude electoral promovido por el Movimiento al Socialismo y confirmado por un informe de la Organización de Estados Americanos, desde esferas gubernamentales se trabaja en acompañar los procesos judiciales que se siguen en contra de los responsables de este atentado en contra de la democracia y de esta forma evitar que alguno de los responsables logre quedar impune.

“No pueden quedar impunes aquellos que manipularon al órgano electoral para promover un fraude de esa magnitud”, declaro Santamaría.

La autoridad informó que se encuentra realizando el seguimiento de las investigaciones y todos los actuados que se realizan para el esclarecimiento de este caso que trató ilícitamente de beneficiar al Movimiento al Socialismo, generando protestas en todo el país, hasta provocar la renuncia del expresidente Evo Morales.

Lamentó que exfuncionarios del Órgano Electoral se hayan beneficiado con medidas sustitutivas a la detención pese a tener en su contra suficientes pruebas de su participación en las irregularidades registradas en el mes de octubre de 2019.

“Estamos pendientes de lo que ocurre en esta inspección, estamos pendientes de las declaraciones de los vocales, y estamos sorprendidos del proceder de la justicia que beneficia y permite que se vayan a su casa cuando las pruebas son irrefutables en varios de los casos” expresó.

Agregó que el Ministerio de Justicia es también parte denunciante en el presente caso y junto a esta representación se da seguimiento a los avances en las investigaciones, para evitar que autores materiales, así como intelectuales, paguen el daño provocado al Estado Boliviano.