Norma vulnera artículo 115 de la CPE

El senador de Convergencia Nacional (CN), Bernard Gutiérrez, manifestó que la norma de la Ley 212 es una violación al Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), que regula las garantías a los reclamos que se realizan por la vía judicial que realizan las empresas al Estado.

Gutiérrez, sostuvo que la norma viola el Artículo 115 de la CPE que expresa que el proceso es de carácter gratuito, regula las garantías en el juicio, y generar una situación de desventaja dentro de una demanda, “misma que por su naturaleza contenciosa debe tener igualdad en las partes”.

Indicó que los jueces deberían desestimar el recurso por que los magistrados deben respetar la CPE y admitir las demandas sin necesidad de cumplir con el requisito que determina la Ley 212.

Por otra parte Gutiérrez, critico a los empresarios que participaron de la cumbre del presidente Morales “porque sólo buscaron quedar bien con el Gobierno, y que los mismos deben darse cuenta que Bolivia tiene gobernantes totalitarios, que no respetan los derechos de las personas”

Señaló que el empresariado boliviano debe asumir una posición de compromiso con el país; está norma muestra que “Gobierno es arbitrario y los dejara mal parados”, indicó.

ARTÍCULO 115 DE LA CPE

“Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”.

“El Estado garantiza el derecho al debido proceso, la defensa y una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilataciones”

ANALISTA

El analista económico, Armando Méndez, sostuvo que la Ley 212 de transición del órgano judicial provocara un desincentivo para la generación de empresas, debido a que genera costos porque señala que se deberá pagar un monto similar a la imputación al momento de iniciar un proceso en contra del Gobierno.

Méndez sostuvo que los empresarios privados se manifestaron en contra de la Ley 212 con justa razón porque es anticonstitucional “que una persona deba pagar por adquirir una defensa” e indico que lo correcto es que la justicia actúe sin la necesidad de que los demandantes (empresarios) deban presentar una boleta de garantía.

También indicó que ya, los impuestos de las empresas son elevados puesto que el gravamen a las utilidades es del 25 % a nivel mundial además que existen otros impuestos que generan grandes gastos a las empresas, por lo que muchas de ellas se convierten en informales lo que es perjudicial para el Estado.