En apoyo de los “discapacitados”

Durante cuatro años voy siguiendo la desesperada lucha que sostiene ese grupo de ciudadanos bolivianos conocidos como “discapacitados” o personas con capacidades diferentes, para conseguir de su país la asignación de un bono de Bs. 3.000.-, pagaderos una vez al año, para cubrir en mínima parte sus innumerables necesidades. Pero sólo consiguieron promesas, engaños y hasta reproches de quienes tienen a su cargo la administración del gobierno.

Según estudios de agencias internacionales, Bolivia está definida como un país con las más profundas desigualdades en los ingresos de las personas y, por supuesto, los que mejor resultan en este caso, son aquéllos que están en función de gobierno y también quienes están ligados de cualquier forma a las decisiones del poder. Los demás ciudadanos sobreviven como pueden. Esa ha sido siempre la forma de manejar las cosas en el país.

Pero ahora salió a la luz pública el tremendo drama que tienen que vivir a diario las personas con capacidades diferentes, porque los que se hacen del manejo de los recursos nacionales olvidan con facilidad a esos sectores de ciudadanos, por no estar cerca de ellos para tramitar un incremento o un bono que alivie en algo sus necesidades de dinero. Así funcionan las cosas en nuestro medio.

El Gobierno acosado por todos los sectores y profundamente confundido no sabe cómo proceder y trata de introducir formas de solución de lo más confusas, pero siempre con la posibilidad de salir con ventaja de la situación y sin tomar en cuenta la desesperación diaria con que viven esas personas. Con esa demostración de inhumanidad y alto grado de discriminación, se está ratificando el estudio de las agencias internacionales en sentido de que Bolivia es uno de los países con las más altas inequidades.

Esta misma situación es la causa de que cada año tengan que salir del país miles de compatriotas con diferentes rumbos para ganarse la vida, muchos de ellos en las condiciones más difíciles y algunos convertidos incluso en “esclavos laborales” en pleno Siglo XXI, situación que muy poco o nada importa a las autoridades nacionales.

Desde mi punto de vista, el fenómeno de las desigualdades surge por la pésima administración que siempre ha sido parte de los anteriores gobiernos y el actual no es una excepción y hasta se podría decir que ese fenómeno se ha incrementado con este gobierno de cambio al socialismo, especialmente con el tema de la “inversión de valores”, por la cual es más importante ser dirigente de lo que sea, antes que ser un estudioso destacado que se esfuerza por conocer y difundir el conocimiento y la ciencia que son la base del progreso.

El hecho de haber llegado a este mundo con alguna discapacidad es una terrible dificultad que tiene que soportar esa persona a lo largo de su existencia. De por sí es una desventaja con la que va a convivir y tener que competir con otros ciudadanos. Cuando esas personas son de un país en el cual sus autoridades tienen la suficiente calidad humana para comprender sus angustias y hacen lo necesario para hacerles sentir que no están solas, entonces esas desventajas se hacen más llevaderas y se sienten protegidas.

Si, por el contrario, el país les retacea su apoyo y hasta trata de engañarlos y confundirlos para sacar ventajas de su situación, entonces es un país del que no vale la pena ni acordarse. Si ellos no tuvieran esos impedimentos, con seguridad se irían lejos para buscar mejores posibilidades de vida y no soportar las dificultades de tener que vivir en una sociedad en la que, en lugar de apoyarlos, se los mortifica para que sientan con mayor fuerza su condición de “discapacitados”.

En un artículo publicado en el periódico Página Siete, de fecha 6 del presente, su autor menciona que hasta noviembre del pasado año, se registró un monto de 20.000 millones de bolivianos sin utilizar, lo cual en mi criterio es atribuible a la poca capacidad de gasto de las autoridades y, por otro, a las deficiencias de tipo administrativo con que se maneja el actual Gobierno, situación atribuible a su inexperiencia en el manejo de los asuntos públicos.

En este caso pienso que habiendo tal cantidad de recursos sin utilizar, ¿qué significa para el país programar un egreso de 30 millones de bolivianos para aliviar el dolor de esos compatriotas? Por otra parte, ¿donde están los 40 millones de bolivianos con los que se beneficiaba a los partidos políticos del pasado cada año? Pienso que se debería reprogramar el abusivo presupuesto para la gestión 2012 con beneficios altos para los preferidos del poder. No debe olvidar el Presidente que uno de sus principales deberes es el de preservar la vida de TODOS los habitantes del país, sean éstos hábiles o con capacidades diferentes.

Para ello los gobernantes deberían leer con atención el artículo 9 sobre los DERECHOS FUNDAMENTALES y otros de la Constitución Política aprobada por el propio Gobierno, y la Asamblea Legislativa debería emitir de una vez por todas esa ley de “trato preferencial” en beneficio de esos ciudadanos, con la misma celeridad con que emiten las “leyes cortas” que les convienen.

El autor es Economista/Administrador.