La prensa nacional cuestionada políticamente

Desde que fue elaborada La ley de Imprenta, el 10 de enero de 1925, se la aplicó como medio para salvaguardar la labor periodística, ante la permanente agresión de diferentes gobiernos, que no estaban de acuerdo con la libertad de información. El trabajo sacrificado que efectúa la prensa es digno de elogio, ya que los periodistas empiezan sus labores cada día muy temprano, por ejemplo en canales de televisión y radios, muchas veces prolongando sus actividades por 24 horas, a fin de tener informada a la opinión pública.

Actualmente la prensa está atravesando por un período difícil, debido a la agresión de autoridades regionales y de organismos estatales, con acusaciones sobre supuesta discriminación y racismo y lo más grave es que se trata de hacerla objeto de sanciones mediante tribunales del Ministerio Público, sin tomar en cuenta que está vigente el Tribunal de Imprenta, por lo que esa acción es un atentado a la libertad de información y expresión.

La organización de los periodistas está siendo sometida a ataques injustificados por defender la vigencia de la Ley de Imprenta, que es la salvaguarda del periodismo. Por otra parte, el acceso a la información pública es dificultado por no existir una ley que taxativamente detalle la forma de conseguirlo a favor de la prensa y la población. Por ello la aplicación de la Ley de Imprenta, apoyada por la Constitución Política y organismos internacionales como la OEA y la ONU, se ve reforzada pese a que existen algunas observaciones que podrían derivar en modificaciones.

Obviamente se podría hacer algunas actualizaciones, pero mediante los mismos periodistas con más experiencia y conocimiento. La Ley de Imprenta de aplicación actual no debe ser sustituida con una nueva Ley de comunicaciones social e información, ya que se restaría garantía al funcionamiento y ejercicio profesional de la prensa. Estas eventualidades perjudican en gran manera, tomando en cuenta que el Estado, mediante sus instituciones, guarda el secreto de la información pública, lo que no debería ser, de acuerdo con los principios de la libertad y democracia.

Pero esto no ocurrió, por ejemplo, cuando se conminó a las Fuerzas Armadas de Bolivia, mediante orden de la Corte Suprema de Justicia en junio de 2010, para que se desarchive o desclasifique documentos a fin de investigar y esclarecer desapariciones y asesinatos ocurridos durante la dictadura militar de Luis García Meza (1980-1981). A esa gestión respondieron los militares con evasivas, sin acatar la orden judicial, quedando todo en el misterio. Ante esta negativa de los mandos militares, el condenado a prisión Gral. Luis Arce Gómez manifestó la posibilidad de dar información al respecto, pero poniendo como condición la revisión de su condena.

Por estos antecedentes, lo razonable es que los organismos de información del Estado revisen su posición, para no entrar en entredichos con los periodistas de La Paz y del país, mientras la ciudadanía espera que en el túnel de la oscuridad aparezca finalmente una luz que signifique paz y esperanza de entendimiento. El pueblo boliviano mantiene latentes los principios de libertad y democracia, demandando una prensa sin censura y discriminación, de acuerdo con normas de un estado de derecho.

El autor es ex Decano de Odontología de la UMSA.