¡Basta de atentar contra la calidad universitaria y profesional!

Recientemente se ha ejecutado nuevas acciones derivadas de la Ley Financial en contra de profesionales dedicados también a la docencia universitaria, como parte de una arremetida iniciada el año 2006, amparada en Leyes Financiales menores en jerarquía a la Constitución Política del Estado, que siendo presupuestos anuales de la nación se los utiliza para perseguir a quienes son profesionales y docentes a la vez, cuando al mismo tiempo dichos presupuestos no son cumplidos por funcionarios del Gobierno, empezando por el Presidente de la República, sin que se les pida cuentas, porque de ser así muchos tendrían que ser sancionados.

Existe un sostenido acoso por parte del Gobierno en contra de profesionales y docentes universitarios, buscando obligarles a renunciar, pedir licencia sin goce de haberes, soportar por necesidad la reducción de sus salarios o pretender imponerles, en contra de la Constitución Política del Estado, la devolución de haberes percibidos por trabajo realizado legítimamente. El objetivo no declarado parece ser el de crear espacios para emplear a correligionarios audaces y sin escrúpulos capaces de sustituir irresponsablemente por cualquier sueldo a todo profesional altamente capacitado que se atrevió a acumular méritos y experiencia.

En la UMSA, el acoso se inició con la Ley Financial del 2006, aplicando el tope salarial a un grupo de docentes, pensando que el problema acabaría ahí; pero desde entonces cada año se fue aceptando pasivamente la aplicación de nuevas medidas atentatorias sostenidas en sucesivas Leyes Financiales que desconocen derechos adquiridos, conculcan la Autonomía Universitaria y se mofan de la Constitución Política del Estado. La consecuencia de medidas tan cavernarias será la caída de la calidad docente por abandono, desincentivo y desmotivación, incidiendo de esa manera en un mayor deterioro de la enseñanza, y nuestros estudiantes de la universidad pública inevitablemente dejarán de ser los mejores profesionales, y como nuestros docentes emigrarán a las universidades privadas, ellas serán las beneficiadas y se harán más competitivas. Entonces agradecerán a los responsables de que la universidad pública se siga desmoronando.

La nueva Ley Financial, que está en preparación, pretende burlar el acuerdo firmado después de una prolongada huelga entre el Gobierno y el Sistema Universitario, en el que se garantizaba el ejercicio de la docencia y el trabajo asistencial hospitalario simultáneos, así como la revisión de la Ley Financial en cuanto al tope salarial. Ya que de mantenerse el tope salarial es imposible ejercer el derecho consagrado en la Constitución Política del Estado a ser docente universitario y tener otro trabajo remunerado hasta el límite de tiempo y medio de carga horaria.

La campaña de desprestigio orquestada por nuestro docente universitario, Lic. Luis Arce Catacora, que seguramente retornará a la UMSA cuando sea despedido del Ministerio, parece haber logrado hacer sentir a los catedráticos universitarios que están en pecado por ser exitosos, y que por eso deberían sentirse avergonzados, soportando cualquier tipo de agresión. Lo que en el fondo pretenden, al humillarnos en nombre del proceso de cambio que fue distorsionado, es aplastar las conciencias para que nadie defienda sus legítimos derechos adquiridos en años de lucha y de construcción profesional y académica.

La cantidad y sucesión de ofensas ejercidas por el Gobierno a la condición académica y profesional debe acabar, y eso depende de que todos los docentes universitarios y profesionales recuperemos la dignidad y mostremos el orgullo de haber alcanzado los mejores niveles profesionales y científicos como para merecer salarios dignos que no tengan como referencia el que recibe nominalmente el Presidente. Así ocurre incluso en países con gobiernos parecidos al nuestro, como Cuba, Ecuador, Brasil o Argentina, donde el profesional y científico meritorio no tiene límite, como no tiene límite su productividad y contribución al desarrollo.

Esos gobiernos reconocen que las universidades son áreas estratégicas antes que sus líneas aéreas, empresas telefónicas o satélites. Allí no existe ni se alienta el odio a los profesionales ni a los académicos que emplearon tiempo, esfuerzo y recursos para estar bien preparados y así poder prestar mejores servicios a la sociedad y sus países. Esos Estados miman a sus mejores hombres conscientes de que su desarrollo efectivo depende de ellos. El presidente Correa del Ecuador también estableció un tope salarial, pero de 5.800 dólares y respeta a los académicos, a lo mejor porque él se sabe uno de ellos y tiene conciencia de lo que cuesta serlo. Él también definió subir la jornada laboral de seis a ocho horas de trabajo, pero aumentándoles el salario en el porcentaje correspondiente. ¿Por qué no se imita esas cosas?

Si el Gobierno es inteligente, y el Ministro de Economía tiene alguna lealtad con la institución que lo formó, lo proyectó y seguramente lo volverá a cobijar, la nueva Ley Financial para el año 2013 debe liberar el tope salarial a la docencia universitaria y los profesionales. De otra forma la mediocridad seguirá creciendo porque no habrá atractivos ni estímulos para mejorar.

El autor es ex Decano de Medicina de la UMSA.