La corrupción en la justicia

¿El denominado Nuevo Poder Judicial, bautizado así por el presidente Evo Morales, habrá sido la solución para lo que tanto abominaba el primer ciudadano del país? La respuesta es negativa, porque la sustitución del anterior sistema de ninguna manera podemos considerarla como lo mejor que podría ser, resultado del proceso de cambio, teniendo en cuenta que todo cambio debe propender a mejorar cualquier sistema. Pero los propios miembros del partido oficialista reconocen que no hay confianza en la justicia. Eso lo manifestó el propio Ministro de Gobierno hace tiempo. Tales criterios, con el caso del súbdito judío-americano Jacob Ostreicher, determinan la admisión de la verdad.

Es una pena que funcionarios de segundo o tercer nivel sean los sepultureros de un objetivo de las viejas generaciones de juristas, ya que la Justicia se constituye en la imagen de un Estado. Y si la Justicia no es tal, la imagen del país se deteriora.

Se conoce que esos funcionarios fueron incorporados en la gestión del señor Alfredo Rada, continuaron con Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez y el actual Ministro de Gobierno, de manera que todos ellos están obligados a coadyuvar, no simplemente a las investigaciones, sino también a reconocer el porqué de la permanencia en el Ministerio de Gobierno. ¿Será por eficiencia demostrada por esos funcionarios?, ¿en qué?

Lo curioso es que el Ministro de la Presidencia, quien reconoce la veracidad de las actividades de los extorsionadores, no deja de presumir que esas mismas conductas “seguramente se han sucedido con otros individuos vinculados a actividades criminales”, concluyendo que “la extorsión se ha convertido acá en una industria”. (sic).

Pero no fue simplemente una extorsión, si tenemos en cuenta que se constituye en una agrupación que linda en una organización criminal, que incurrió en los delitos de beneficios en razón del cargo, concusión y cohecho pasivo propio, de modo que la detención preventiva es legítima y legal.

En una nota anterior señalamos la necesidad de revisión, a través de auditorías judiciales, de aquellos procesos que determinaron, en algunos casos, la negación de la libertad y, en otros, la puesta en libertad de muchos ciudadanos comprometidos con narcotráfico, contrabando y actos de corrupción, en su condición de funcionarios públicos. En nuestro criterio ese sería el mejor mecanismo para hacer creíble a la justicia, pero con la intervención de juristas no comprometidos con agrupación política alguna, amén de ser un ejemplo de orden académico en el campo del derecho, la moral y la ética, de modo que sea transparente su tarea.

Aquí no se trata de esperar simplemente el resultado de las investigaciones en relación con ese ciudadano judío-americano, tal como algún funcionario del Gobierno ha sugerido, con la pretensión de descubrir si otros funcionarios de alto nivel estuvieran comprometidos con este affaire. Por tratarse de un problema de la justicia y de la imagen de Bolivia, será necesario aplicar el principio de la inmediatez, atendiendo las declaraciones tanto del señor Jacob Ostreicher como de su abogado, el señor Montaño, amén de la desaparición misteriosa de las 20 mil toneladas de arroz, maquinarias y cabezas de ganado vacuno de propiedad del mencionado imputado -no acusado-, que viene soportando no solamente privación de su libertad sino también deterioro de su salud.

Estamos seguros que sólo con la intervención de personalidades del mundo jurídico se descubrirá a las verdaderas mafias, así como se establecerá las violaciones tanto a normas sustantivas como adjetivas, a la propia Constitución Política del Estado, lo que demostrará que en Bolivia aún persiste la influencia política, antes que la sujeción al Derecho en el marco del respeto a la Constitución, las leyes y los Derechos Humanos. Es que hay abogados y hay abogados, eso es lo que se debe tener en cuenta.

Se conoce que la organización académica Alianza Patriótica de Abogados (APA) está considerando la posibilidad de conformar un equipo de juristas comprometidos solamente con la ciencia del Derecho y no con la política, con la intervención de algunos sectores sociales, para iniciar una campaña de análisis y auditorías de muchos procesos, a fin de demostrar al país la necesidad de respetar la INDEPENDENCIA del Poder Judicial, frente a lo atrabiliario del modus político.

(El ejercicio del poder corrompe y su sometimiento degrada).