Los rostros del chantaje

Las fotografías del rostro compungido de un otrora poderoso fiscal de Santa Cruz muestran de manera contundente el significado del escándalo de corrupción que aqueja al gobierno. El entramado de la red de chantaje y corrupción que se montó al amparo del poder político resume, a su vez, una faceta de peligroso desmoronamiento de la institucionalidad.

La expresión marcada en el rostro del ex fiscal rumbo a prisión, empeñado en proclamar inocencia frente a los micrófonos en un esfuerzo tan inútil como el de esconder bajo una toalla las manos enmanilladas, refleja entre otras cosas la imagen de un hombre que de suponerse dueño de vidas y haciendas pasa a la condición de imputado en el lapso de un suspiro.

Lejos de pretender incursionar en la teoría lombrosiana para determinar si el fiscal de marras es o no delincuente por la observación de sus rasgos fisonómicos y ciertas características físicas y fisiológicas, la imagen del rostro que muestran esas fotografías refleja incredulidad y miedo en el hombre que aspiraba a ser Fiscal General.

Es que por mucho que la historia de extorsión y abuso de poder no es nueva, aquí como en todas partes, no deja de asombrar la forma estúpida en que se repite. Igual que sus previsibles consecuencias. El ex fiscal actuaba como actuaba seguramente convencido de que el poder legal del que estaba investido en función de su cargo era eterno. Y sobre todo, de que le garantizaba suficiente impunidad, por encima de leyes, principios y valores. Igual que los otros miembros de la red, en razón de los círculos de poder político en que se movían. Y del que provenía el poder de los cargos que detentaban. Ajenos al carácter circunstancial y sobre todo breve de ese poder. Pero sobre todo, menospreciando la inteligencia ajena, la capacidad de reacción de la gente frente al temor y la posibilidad de que alguien, en algún momento, se canse del abuso y la prepotencia.

Pese a las contradicciones ya habituales del gobierno actual, tampoco dejan de asombrar la forma en que se maneja el caso y las declaraciones de algunas autoridades. Por un lado se alienta la denuncia de los casos de extorsión para ayudar a esclarecer, dizque, la magnitud del escándalo y desbaratar la red. Pero por el otro se amenaza con enjuiciar a quienes se sometieron al chantaje y la extorsión, a título de cumplir la fría letra de la ley. Cuesta creer que alguien preso e imposibilitado de encontrar justicia porque altos funcionarios del gobierno presionan a jueces y fiscales para impedir que se lo juzgue se resista a pagar de lo mucho o poco que tiene para conseguir justicia o libertad.

Extorsión es obligar a alguien, por violencia o intimidación, a realizar un acto ilegal para lucrar en beneficio propio del patrimonio del sujeto pasivo. Chantaje es obligar a alguien a actuar de una manera determinada, en este caso ilegal, para obtener provecho pecuniario o material. Esa es la esencia de corrupción de la red que operaba desde el gobierno. Por lo que se sabe hasta ahora, obligaba a la gente a infringir la ley en procura de justicia o libertad ante una pena aparentemente injusta.

Por cierto, habrá gente que pretenda ganar en río revuelto. Pero hay que convenir en que por lo ya develado es difícil encontrar sentido de justicia si se sanciona a quien perdió parte de su patrimonio incautado y vendido en beneficio de terceros, se lo extorsionó y obligó a infringir la ley, ofreciéndole juicio justo o libertad. Al fin y al cabo, no es lo mismo que pagar una coima o un soborno para lograr algún beneficio. Y si de leyes se habla, bajo un criterio elemental de justicia, ¿quién les paga lo perdido, aunque sólo sea lo material, a quienes resulten finalmente inocentes?

Al margen, el escándalo tiene también otra faceta, de consecuencias probablemente más graves. Es la que muestra la siembra de un modelo que va más allá de la corrupción económica. Bloquear caminos para lograr satisfacción de demandas, justas o no, es una forma de extorsión, igual que lo fue amenazar con dejar sin recursos a los municipios que protestaban contra el censo. Regalar motores fuera de borda u otros bienes materiales a los indígenas del TIPNIS a cambio de que acepten la construcción de un camino es también chantaje, como atender demandas sociales para obtener apoyo político.

Todo eso es fruto de la siembra de un modelo cultural de chantaje y extorsión que está generando un desmoronamiento institucional que, por las señales actuales y más allá de que será de difícil solución, parece que ahora amenaza también con devorarse las entrañas del propio proceso que lo gestó.