Las contradicciones de siempre

La carrera electoral ya está en marcha. Sobre todo para los que están abajo porque para el oficialismo comenzó realmente hace ocho años, cuando el Presidente anunció que había llegado para quedarse 500 años. Y aunque el 12 de octubre podría marcar la defunción del mecanismo electoral como fuente de legitimidad democrática, las señales de los principales opositores no son alentadoras.

A las contradicciones de siempre, que por lo general tuvieron que ver con el comportamiento de los partidos y sus actores, se suman ahora además algunas incongruencias de quienes tienen, al menos en teoría, la responsabilidad de garantizar juego limpio como requisito fundamental para reclamar respeto a los resultados, por mucho que a estas alturas se los pueda considerar previsibles con un alto nivel de certidumbre. Ocho años de ventaja en campaña son factor

Importante. Pero esa ventaja se acrecienta por las falencias, errores o estupideces de los contendores posibles. En resumen, por la escasa capacidad de la oposición a presentar opciones mínimamente coherentes.

A tono con los tiempos del mundial futbolero, comencemos por el árbitro. El tribunal fijó ya algunas reglas que, asegura, garantizarán el cumplimiento de las normas constitucionales. Sobre todo en cuestión de paridad de género. Pero aún no se informó cuántos son los ciudadanos habilitados para votar, dentro y fuera del país. Más que del dato cuantitativo, la legitimidad del proceso depende de saber cómo es que aumentó tanto por encima de las previsiones hechas en base al censo y por encima del natural crecimiento de la población. Alguna explicación lógica podría encontrarse, tal vez, con una auditoría imparcial.

Otra parte de la legitimidad depende de conocer las fórmulas técnicas utilizadas para confeccionar el nuevo mapa electoral. Y si son válidas, hay mucha gente descontenta y protestando aún por ese motivo. Para muchos, los cambios y el inscribir votantes de una región en otra, como se denunció, buscan compensar bolsones de apoyo escaso para incidir en la cantidad de diputaciones que definirá mayorías y minorías en el Órgano Legislativo. Ese es punto clave para un eventual intento oficialista de reforma constitucional con miras a la reelección indefinida, como ocurrió ya en otros países.

Al margen de la incongruencia de presentar programas de gobierno primero (hasta este viernes 4 de julio) e inscribir candidaturas después (hasta el 14 de julio) contra el sentido común que recomienda poner primero el sujeto y después el predicado, el tema de fondo para definir candidaturas tendría que ver, de manera directa, con ese último dato. El futuro del sistema democrático de alternancia en el ejercicio del poder y de respeto a la voluntad y opinión de las minorías depende de garantizar, ahora, posibilidades ciertas de defensa de las normas constitucionales vigentes.

Ese aspecto es válido sobre todo a partir del supuesto que da por descontado el triunfo del binomio oficialista. Y se refuerza al conocer la variopinta, dispersa y pobre propuesta opositora que se conoce hasta hoy. Sobre todo por la escasa fuerza de las “ideas motor” expresadas hasta ahora por los candidatos.

Cuando en el 2005 la mayoría votó “por el cambio”, apuntaba realmente a cambios fundamentales no sólo en cuanto a normas legales, sino también en relación con el comportamiento de los partidos y de los políticos. Por eso se exigía otra Constitución y se condenaba pactos partidarios y acuerdos de gobernabilidad que, pese a sus fallas, permitieron consolidar un sistema democrático, aunque imperfecto, tras la noche larga de las dictaduras militares.

A estas alturas, cuando hay nueva Constitución y se la conculca igual que a las anteriores, cuando la justicia reformada mantiene las lacras de antes (algunas peores por incapacidad profesional), cuando corrupción, negociados, la falta de transparencia y nepotismo persisten, igual que los ilícitos, el contrabando o el narcotráfico, no se conoce aún ninguna propuesta de cambio con fuerza suficiente como para arrastrar la voluntad de la gente.

En ese escenario, cuesta todavía encontrar alternativa sólida y válida frente a la del gobierno, ella misma visiblemente desgastada por incumplida. Y entonces, todo es más de lo mismo. La propuesta de moros y cristianos no se diferencia. Por un lado, parece que sólo se trata de oponerse y bloquear. Por el otro, de engancharse y aferrarse al maravilloso instrumento del poder para no perder privilegios. Las señales de ambas partes son lastimosas, para decirlo en palabras simples.

Ofrecer la venta del avión presidencial y los autos blindados no es más que un simbolismo que no mueve a levantar los puños. Lo mismo que triplicar salario a los policías, renta a las amas de casa o empleo público a los estudiantes. En la misma medida en que desde el gobierno se insiste en la demagogia de cambiar la sede de la ONU, tumbar al imperialismo y al capitalismo o enseñar a los niños a leer

los relojes con las manecillas que giran en sentido contrario a la vida. Bah…