Juicios políticos que no tienen fin

Es preocupante que, dado el tiempo transcurrido, hasta ahora no se haya renunciado a seguir con juicios por “extorsión y separatismo”; a juicios de carácter político por supuestos cargos que nunca han sido comprobados; que no se ponga fin a encarcelamientos injustos, sin los procesos que establecen las leyes; que no se ponga fin a persecución de centenares de ciudadanos que han abandonado el país por diversos temores o por presiones ejercitadas por quienes deberían garantizar la permanencia de esas personas o, de haber cargos, que no se hayan sustanciado los respectivos procesos dándoles el seguimiento necesario previa presentación de pruebas sobre los delitos o faltas cometidos.

La comunidad nacional ve con indignación y preocupación que gente que podría comprobar fácilmente su no participación en actos delictivos, no sea puesta en libertad y sufra, por muchos años, por delitos no cometidos. Son casos con los que se violó seriamente los derechos humanos y las normas más elementales de convivencia, habida cuenta, especialmente, que han desaparecido los tiempos de controles políticos, campos de concentración y actitudes dignas sólo de regímenes dictatoriales.

El Gobierno, por propia responsabilidad y reconocimiento de que hubo serios yerros en inculpar a gente inocente por delitos que no cometió, debería ocuparse del problema conjuntamente el Poder Judicial que, está visto, por sí mismo no actuará como corresponde porque su actitud es de retraso y lenidad con los casos puestos a su juzgamiento.

Hace poco tiempo, la “Comisión de la Verdad”, integrada por diputados, se ha referido a este hecho y por sus declaraciones se establece que “no hay culpa alguna en los inculpados con inclusión de los que sufren exilios y encierros injustos” porque, de haber tenido culpas por faltas o delitos, con seguridad que se hubiesen puesto a disposición de los jueces respectivos pruebas contundentes y, además, habrían las defensas profesionales que corresponde.

Hay reconocimiento, por parte de sectores oficialistas, de que entre los años 2008 y 2011, fiscales se encargaban de la “judicialización de la política”, como entidad que actuaba con ministros, viceministros conjuntamente muchos fiscales. A muchos presos en la cárcel de Palmasola se les dijo que eran parte de una red de extorsión a supuestos adversarios del Gobierno, sin que se les siga los procesos respectivos.

Por todo lo que se examine resulta que, por la falta de pruebas, no hay justificación alguna para que permanezcan en las cárceles o siquiera sufran imputaciones de faltas no cometidas o, en muchos casos, que estén sufriendo exilios pasando todo tipo de privaciones y sometiendo a sus familias a una serie de necesidades y sufrimientos. Corresponde, pues, que por justicia, equidad y un elemental sentido de caridad, se haga justicia con tanta gente que sufre rigores de cárceles y destierros por delitos no cometidos y si efectivamente hay pruebas contundentes, luego de los juicios con las defensas del caso, que se obre conforme establecen las leyes.