Entre oscurantismo y transparencia

Ahora nos informamos, gracias a una fundación privada, que al nacer y sin derecho al primer pataleo los bolivianos tenemos ya una deuda de 1.100 dólares. Y ese monto parece nomas generoso porque el Estado tiene otras obligaciones que desconocemos aún, pero que tendremos que pagar, tarde o temprano. Por ejemplo, los pagos que exige la Jindal.

Y la bola seguirá creciendo si se concretan algunos créditos ofrecidos generosamente por los nuevos gobiernos amigos, aún no está claro para qué.

Al margen de lo mucho o poco que debe cada uno de nosotros, el hecho es que pocos saben cómo es que se generó esa deuda, en qué condiciones y en la mayoría de los casos si se utilizó esa plata de manera correcta, racional y sobre todo rentable. Como en todas partes, ese es uno de los factores que genera la percepción ciudadana de corrupción, por encima de índices reales que ubican a Bolivia por encima de la media continental, sin ser “malpensados” o tener el menor

interés de ponerle piedras al gobierno.

El asunto es que para la mayoría de la gente el acceso a la información pública, que es uno de los derechos fundamentales del ciudadano, tiene barreras. Y sin embargo, del tema de acceso a la información pública y la transparencia no dijeron hasta ahora casi absolutamente nada los candidatos. Nadie sabe qué piensan moros y cristianos aunque, por supuesto, el discurso proselitista ignoró también mucho de lo que le importa realmente a la gente, cuando el país está ya en la recta final de las campañas proselitistas.

Podríamos sostener, en tono de conformismo, que esconder

información es una de las características típicas de la administración del Estado. De la actual y de las de antes, probablemente sin excepciones. El funcionario público cree, por una tendencia casi natural del burócrata, a considerar propia la información a la que tiene acceso sólo en función de su cargo, siempre circunstancial. La información es poder político, dicen.

Llama la atención, en cambio, la escasa información del ciudadano de a pie sobre ese derecho, que es su derecho, y que está reconocido en tratados internacionales, como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Tanto es así, y no precisamente porque este año el 28 de septiembre haya caído en domingo, que el Día Mundial del Derecho a Saber pasó totalmente desapercibido, aunque fue instituido hace ya unos cuantos años.

Como nunca es tarde, vale la pena recordar que esa jornada instituida en un encuentro de organizaciones no gubernamentales de varios países reunidas en Bulgaria, en el 2002, busca promover en el mundo el acceso a la información pública. Se trata de recordar que la transparencia de la información es fundamental para disminuir la corrupción. Que al ejercer el uso práctico de ese derecho fundamental, el ciudadano contribuye a la democratización de la rendición de cuentas del gobierno.

Aunque al parecer la praxis política generalizada no los considere fundamentales, el ejercicio del derecho a saber pone a los ciudadanos y a los empleados públicos en todos sus niveles frente a principios de ética resumidos en conducta, moral, norma, comportamiento. La exposición de hechos y acciones al juicio público orienta hacia lo que es lícito, bueno y justo. Desde el análisis de la imagen, orienta la percepción ciudadana hacia la confianza.

En Bolivia no hay una ley de acceso a la información pública, aunque hay un proyecto que, por lo que se conoce, podría hacer cierto eso de que es peor el remedio que la enfermedad. Coincidencia o no, tampoco la tienen Argentina, Venezuela y Honduras, donde la percepción de corrupción es alta. Los otros países ya la tienen. El último en

promulgar una ley de esa naturaleza fue Paraguay, hace menos de un mes. Su proceso de discusión y aprobación, que demoró nueve años, comenzó cuando un ciudadano impugnó judicialmente la negativa del gobierno a informarle sobre salarios en los empleados públicos. Suecia la tiene desde hace más de dos siglos y hoy los suecos no tienen dudas sobre la moral administrativa de sus gobernantes.

Ejercer ese derecho es, pues, fundamental cuando el ciudadano tiene que pagar una deuda que carga desde que nace sin conocer quién, cómo y para qué la contrajo. Cuando hay compras estatales millonarias y contratos sin licitación. Cuando se duda sobre la administración de las empresas porque se dice desconocer quién y cómo dirige la televisora estatal cuyo directorio se preside; o se amenaza con prisión a jueces ineptos que, se reconoce, fueron elegidos el 2011 gracias a favores políticos; o se desconoce si llegarán o no las barcazas y si se les quitará o no las computadoras que se regaló a los estudiantes y nadie sabe cuánto costaron; o cuando…

En fin, interesa por el simple hecho de que acceder a la información pública es un derecho fundamental del ciudadano para preservar su necesaria confianza con el gobierno de turno, cualquiera que sea.