Casas de empleo son centros de captación

Víctimas de trata y tráfico denuncian que las casas de empleo son los principales centros de captación de personas que, por necesidad, buscan una fuente laboral en el interior y exterior del país.

Cabe recordar que EL DIARIO lleva varios años denunciando diferentes casos en los que las víctimas, adolescentes y personas mayores, llegan a ser captadas pero los controles a estos centros continúan siendo escasos.

Mario Ordoñez, un joven de 17 años, relató que en varias oportunidades se vio obligado a buscar una fuente laboral en estas casas de empleo, sin embargo, recuerda con mucha tristeza que en una ocasión debió acudir a sus familiares y autoridades para poder recuperar su documentación y el pago mensual de tres meses de trabajo en una rosticería de pollos en el sector de los Yungas del departamento de La Paz.

Ordoñez asegura que se llegó a un acuerdo entre sus padres y la persona encargada del lugar donde trabajaba para que el caso no llegara a instancias judiciales ante la imposibilidad de pagar la asistencia de un abogado, lo que no es atribuido por parte del Estado a las víctimas, sino a quienes infringen la norma.

Ante esto, cabe recordar que la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas, en su artículo 281, establece: “I. Será sancionado con privación de libertad de diez (10) a quince (15) años, quien por cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción, amenazas, abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, la concesión o recepción de pagos por sí o por tercera persona realizare, indujere o favoreciere la captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque mediare el consentimiento de la víctima, con cualquier fin (…)”.

CONTROLES

En pasados años, un control realizado tanto por representantes del Consulado de Brasil así como por autoridades de la Defensoría del Pueblo, confirmó este tipo de irregularidades en las que incurren estas casas de empleo, las mismas que se convierten en cómplices de la captación de personas al registrar la oferta de posibles tratantes pero cuando la instancia policial requiere mayores datos, los dueños de dichas agencias sólo tienen registrado el número de celular de los ofertantes, aspecto que en varios de los casos están habilitados sólo para lograr dicho propósito de captación.

Las empresas o personas que requieren trabajadores, colocan sus anuncios por Bs 20 sin dejar ninguna referencia adicional que facilite el proceso de investigación en caso de registrarse algún caso de trata y tráfico de personas, como lo explica el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Félix Rocha.

“El problema es que en muchos de los casos, sobre todo los adolescentes que quieren trabajar, logran ser captados por estos anuncios pero cuando los familiares o investigadores buscan datos en las casas de empleo estos son insuficientes”, indicó.

ESTADÍSTICAS

Desde 2013, el registro de personas denunciadas como extraviadas, en primera instancia, llegaba a 300, entre niños, adolescentes y adultos, sin embargo, entre 10 y 15 de estos no retornaron a sus hogares, pero tampoco se logró definir las razones de su desaparición.

En 2015, durante la jornada inaugural del encuentro sudamericano sobre esta temática realizado el pasado mes, el jefe del departamento de Comunicación de Interpol Bolivia, Rodrigo Rodríguez, admitió que el país es, en ocasiones, un puente para que se cometa el delito de trata y tráfico de personas.

El especialista expresó que existen reportes de pedidos de apoyo de países de Asia y África para combatir este delito, ya que varias personas de esas nacionalidades pasan por Bolivia hacia otras naciones.

Según las declaraciones del oficial, en Sudamérica se ejecuta la operación “Espartacus” para enfrentar la trata y tráfico de personas por parte de nueve países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), es decir Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, al inaugurar el seminario denominado Países Unidos contra la Trata, señaló que en Bolivia se ha incrementado este delito en los últimos años, junto al proxenetismo, la corrupción de menores y otros.

“Este año hemos tenido 229 casos a nivel nacional de los cuales el primer lugar lo tiene el departamento de La Paz, con el 41,9%, le sigue Santa Cruz, con un 22,3%, y Cochabamba, con el 10,5%”, informó Aparicio.

La autoridad de gobierno dijo a diferentes medios de comunicación que se realizaron distintos operativos en todo el país para reducir estas cifras, especialmente con el plan “Ñandereco”.