Fundación revela desaparición de 3.000 personas entre 2012 y 2018

Durante los últimos cuatro años, entre 2012 y 2018, se reportó la desaparición de al menos 3.000 personas, de las cuales un 70% son identificadas, recuperadas o se sospecha de su paradero, mientras que el 30% son desapareciones definitivas, según revela una investigación acerca del tráfico y trata de personas realizada por la fundación Munasim Kullakita.

La investigación fue realizada en las regiones más vulnerables de todo el país, entre estas Chapare Tropical, Santa Cruz, La Paz y Sucre, desde donde se informó que el mayor número de casos de desapariciones y trata de personas se produjo con fines de explotación laboral y sexual.

El resultado de la investigación demanda la urgente necesidad de regular y ordenar el comercio de la diversión y locales de entretenimiento nocturno.

“Solamente en la Ceja de El Alto existen más de 300 locales que funcionan sin autorización. Pueden verse discotecas, donde aparentemente no hay nada extraño, pero detrás hay piezas con menores que son explotadas sexualmente, aparte de que se produce el consumo de drogas y opera el crimen organizado, que vive del cuerpo de estas menores. Hay pornografía infantil, venta de ilícitos y penosamente las acciones no son insuficientes, porque son acciones esporádicas”, puntualizó el director de “Munasim Kullakita”, Riccardo Giavarini.

Según los datos referidos, el 70% de los casos identificados como de personas desparecidas logran ser encontradas, identificadas o se sospecha dónde podrían estar retenidas contra su voluntad, mientras que el 30% son desapariciones definitivas.

“Tenemos testimonios de la desaparición de personas que han intentado revelarse a la condición de esclavitud sexual o laboral a la que estaban sometidas. Este flagelo subyace en medio del encubrimiento y la complicidad. Son personas obligadas a vivir en condiciones de permanente coerción, pérdida de libertad y sus derechos están en manos de los grupos organizados”, señaló Giavarini.

ACCIONES CONJUNTAS

Dentro del trabajo de seguimiento y asistencia a las personas víctimas de trata y tráfico, la Fundación “Munasim Killakita” asesora y colabora a familiares de personas desaparecidas y creó la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas de El Alto, conformada por juntas de vecinos, dirigentes de comerciantes gremiales, juntas escolares y organizaciones civiles, con cuya participación se ha empezado a abordar el tema con los criterios de prevención, denuncia y acogida de víctimas.

A decir de Giavarini, las víctimas de trata de personas, así como los familiares que buscan la ayuda de las autoridades, como el Ministerio Público o la Policía, con frecuencia se ven frustrados, por las irregularidades en que incurren, pese a ser las llamadas a proteger a las víctimas y sus familias.

“La actitud de la Policía es insuficiente. Hemos capacitado a 1.500 policías sobre diferentes aspectos que hacen al fenómeno de la trata de personas. La mayoría de las personas no conoce el contenido la Ley Nº 263 Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas”, refirió la autoridad, al puntualizar que junto con los efectivos policiales, se trabajó aspectos como la ruta crítica de seguimiento a este delito y la elaboración de protocolos de atención a víctimas y familiares.

PROTOCOLO

La Unidad de Trata de Personas busca generar acciones conjuntas entre la sociedad civil, la Policía y el Estado, entre ellas encarar el problema de manera integral.

“Muchas instituciones tendrán que articularse y trabajar en conjunto sobre este problema, vemos que no hay todavía coordinación entre la Policía y la Fiscalía, por lo que al final la familia no sabe dónde ni a quién recurrir ni qué vía tomar”, apuntó.

NO ES DE MAGNITUD

Entretanto, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Nelson Mejía, señaló la entidad policial como miembro del Consejo Plurinacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, junto a la fundación Munasim Kullakita, trabaja en la construcción de los protocolos de atención, investigación, identificación de víctimas de trata además de y realizar los estudios biopsicosocial.

“Tenemos indicadores que no son de esa magnitud. Es un delito que se está pretendiendo hacer evolucionar en nuestro país, no existe gran incidencia delictiva (respecto de la trata de personas) pero en la mayoría de los casos hemos atendido con prontitud”, dijo Mejía, como contraparte de la investigación.

Sin embargo, señaló que uno de los factores que promueve los delitos contra la Ley Nº 263, Contra la Trata y Tráfico de Personas, tiene que ver con el acceso a las redes sociales, extendiéndose por esa vía con la característica de “cyberdelitos”, en los que la delincuencia utiliza perfiles falsos.

“Es una de las modalidades del ‘cybercrimen’ que para nosotros es aún nuevo, mientras en otros países existe lo que se llama las plataformas de alta tecnología. En la Policía nacional contamos con los ‘cyberpatrullajes’, mediante los cuales también identificamos delitos conexos que son la pornografía infantil y la violencia sexual en línea”, apuntó.

¿CÓMO PREVENIR UNA

SITUACIÓN DE TRATA?

- No proporcionar tus datos personales o los de tu familia a personas desconocidas y mucho menos entregar documentos personales (cédula de identidad, pasaporte, certificaciones, etc)

- Si tienes dudas sobre los requisitos que te piden para obtener un empleo, investiga más sobre la oferta y comenta con algún familiar o solicita orientación llamando a las línea gratuita 800-10-10-44

- Desconfía de anuncios o de personas que ofrecen trabajos atractivos con altos salarios y poca experiencia laboral, especialmente si el trabajo es fuera de la ciudad donde vives.

- Nunca vayas solo o sola a una entrevista de trabajo, cuando tengas dudas pide a un familiar o amigo que vaya contigo.

- En tus perfiles de redes sociales nunca publiques información personal, no compartas fotos de tus familiares o amigos, o cualquier información tuya de manera pública.

- Si buscan empleo, no lo hagas en agencias de dudosa actividad, inscríbete en programas y bolsas de trabajo de instituciones públicas, como el Ministerio de Trabajo, Alcaldía, e instituciones de privadas legalmente reconocidas.