Incumplimiento del Pacto Fiscal afecta a las regiones

El incumplimiento del Pacto Fiscal permite al Gobierno disponer discrecionalmente de los recursos que están destinados a las regiones menores, principalmente, lo que incide para que éstas permanezcan en el atraso y, peor todavía, que vivan con la angustia de carecer de servicios básicos.

De esta manera se desvirtúa la posibilidad de que los recursos fiscales sean empleados con creatividad y eficiencia. Al respecto, la ley respectiva expone que por lo menos dos razones explican la importancia de avanzar en la efectiva aplicación del Pacto Fiscal:

-Primero, la evidencia de que el gasto público constituye una poderosa herramienta de freno ante los efectos más negativos de la volatilidad externa (caída de precios de exportaciones, especialmente de materias primas, baja del empleo, ingresos y consumos, entre otros).

-Segundo, el reconocimiento de que una buena fiscalidad, respaldada por instituciones sólidas (a nivel central y subnacional) y una capacidad adecuada de gestión pública, contribuye de manera complementaria a la equidad y cohesión sociales y el desarrollo productivo.

Aporte valioso para que se conozca y aplique las previsiones del Pacto Fiscal resulta ser la cooperación de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) en Bolivia. Durante la gestión de la distinguida cientista alemana Susanne Käss, como representante de esta organización en el país, se publicó un libro voluminoso, de 342 páginas, en el que se registra y desarrolla las posibilidades que tiene la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), promulgada en julio de 2010.

Lamentablemente, pese a que el Gobierno que emitió la disposición sigue ejerciendo el poder, no asumió la responsabilidad de cumplir tal legislación y menos de poner en práctica, por lo menos, partes salientes de su contenido, con la finalidad de aplicar el imprescindible ajuste de los mecanismos de redistribución de los ingresos estatales.

En esta misma gestión, por lo menos, el Gobierno de Evo Morales debe cumplir con la responsabilidad de empezar a ejecutar las disposiciones iniciales de la ley, para desarrollarla a plenitud a partir del próximo año, que justo pone en vigencia una nueva década.

Con mayor razón, porque han crecido de manera significativa los ingresos del país, al punto que dio a suponer que está en proceso de bonanza, como planteaba la doctora Käss.

Acerca de ello, EL DIARIO publicó que sólo en inversión extranjera directa Bolivia tuvo el año pasado (2017) el flujo de $us 725 millones, superando significativamente a la cantidad que recibió el año anterior (2016), que fue de 335 millones de dólares.

Sin embargo, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) consideró que estuvo entre los países de la región que captaron menor ingreso por ese concepto.

A ello se agrega que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió que el país está registrando este año un menor dinamismo respecto de años anteriores.

Por todo lo anterior es posible concluir que existen avances económicos en el país, pero que hay que tomarlos con cautela. El expresidente de la CEPB Gabriel Dabdoub discrepó con anuncios oficiales sobre la aplicación de un doble aguinaldo en este año, expresando que más bien hay que redireccionar la política pública.

En efecto, en los últimos años se ha registrado inversiones cuantiosas en proyectos que están resultando un fracaso. Uno de ellos se produce, por ejemplo, con la planta de Urea, en Cochabamba, donde se invirtió 900 millones de dólares y hasta ahora su puesta en marcha ha tenido graves frustraciones.

Algo similar sucede con el ingenio azucarero de la provincia Iturralde, del departamento de La Paz, el cual no está respondiendo a las expectativas oficiales, en tanto que su inversión demandó 300 millones de dólares.

Pero los fracasos no se quedan ahí. En los últimos años se ha creado más de una decena de empresas estatales, de las cuales nueve han tenido en 2017 pequeños rendimientos, por lo que no se justifica que se hubiera invertido en ellas alrededor de mil millones de dólares.

Puede que existan en el país requerimientos de su producción, tanto para el consumo interno como para las exportaciones, pero sucede que su administración es totalmente negativa, porque se la encomienda a partidarios políticos del MAS que carecen de la competencia profesional necesaria.