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Por contrato “llave en mano”

Carretera más cara del país quedó sin control de ABC

Accionar de la entidad estatal prueba el sometimiento del Gobierno a los intereses de la empresa china Railway dijo el senador beniano Yerko Nuñez, quien estuvo en la vía en los últimos días


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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) deslindó responsabilidades en la fiscalización de la construcción de la carretera Rurrenabaque – Riberalta, valorada en 608.3 millones de dólares, y atribuyó este irregular hecho al contrato suscrito con la empresa china Railway que estableció la modalidad “llave en mano”.

“Al ser un proyecto bajo modalidad llave en mano, no existe la figura de una supervisión, más bien de un control y monitoreo”, señaló el informe de ABC remitido a conocimiento del senador beniano Yerko Nuñez y elaborado en fecha 4 de junio de 2018.

El representante nacional calificó de “estafa” y de “inaceptable sometimiento” del Gobierno a los intereses del capital chino en Bolivia.

EVASIVAS

La entidad estatal en un afán de evitar la transparencia en la ejecución del proyecto carretero ante otra pregunta del senador peticionante sobre el porcentaje de avance físico real de la vía en sus cuatro tramos, asimismo, las planillas de avance de obra que emitió la empresa supervisora, además del libro de órdenes por si hubo cambio en el proyecto y las cartas de llamadas de atención, multas y planos As Built, respondió con evasivas.

“En relación al avance físico real que tiene la carretera Rurrenabaque – Riberalta remitirse a la página web de la Administradora Boliviana de Carreteras”, dice la nota enviada a Nuñez y elaborada por el técnico administrativo Humberto Mauricio Chávez Careaga.

EL DIARIO intentó encontrar la información de la ABC en su página web y no se accedió a ningún dato o informe. En dos oportunidades se llamó a la ABC para contrastar las declaraciones de Nuñez y la entidad estatal optó por el silencio.

Además que se informó a la unidad de comunicación sobre el tema, tampoco hubo una respuesta, a pesar de que señalaron que se comunicarían con este medio.

AVANCE FINANCIERO

De igual manera, la ABC remitió a su página web una tercera consulta del senador de oposición sobre los recursos económicos desembolsados en favor de Railway. Tampoco aclaró los conceptos de los desembolsos, según planillas de avance. Según los senadores Nuñez y Jeanine Añez, la ABC desembolsó alrededor de 30 por ciento del valor contractual de la construcción.

Similar respuesta ofreció la ABC cuando Nuñez solicitó copias de las órdenes de proceder, Libro de Órdenes desde el inició de la obra. “En cuanto al Libro de Órdenes, el mismo se encuentra en obra en custodia de la empresa contratista, una vez concluido el proyecto, será remitido a la ABC para su custodia”, dice el documento remitido por la ABC al congresista.

En otra petición de informe de agosto 2018, Nuñez dijo que con datos de ABC a diciembre de 2017, Railway habría registrado 38.6 por ciento de avance financiero y 11.2 por ciento de avance físico de la obra. De la misma forma la entidad contratante eludió dar explicaciones al respecto en respuesta a la petición de informe y remitió nuevamente a su página web.

PERSONAL

En la petición de informe, el senador solicitó también explicaciones sobre la contratación de profesionales por la empresa china y la respectiva homologación de los títulos profesionales ante autoridad competente para poder ejercer como tales en el Estado Plurinacional y poder trabajar en la obra y si estos estuvieron inscritos en los colegios de profesionales en Bolivia.

“El documento del estado migratorio del personal extranjero no forma parte de los requerimientos exigidos en los documentos contractuales, la misma debe ser solicitada a la instancia correspondiente”, dijo la ABC que pidió a la empresa –según señaló– el “estricto cumplimiento de la Ley 1449, sobre el ejercicio profesional de Ingeniería en Bolivia”.

ABC denegó de igual manera absolver preguntas sobre el pago de salarios, la entrega de planillas del personal al Ministerio de Trabajo y las cotizaciones previsionales, argumentando que no tiene relación contractual o laboral con los trabajadores de las empresas constructoras.

 
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