Alianza opositora denuncia “ola de represión” del Gobierno

Managua.- La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció ayer que Nicaragua sufre una nueva "ola de represión" y violación de los derechos humanos por parte del Gobierno del presidente Daniel Ortega, en medio de la crisis sociopolítica.

La denuncia fue emitida por la Alianza un día después de que la Policía de Nicaragua capturó a dos jóvenes que participaron en una misa en memoria de un manifestante que murió en un ataque armado de las fuerzas combinadas del Gobierno en 2018, en la ciudad de Masaya (Pacífico).

"Día a Día, el régimen continúa su ola de represión y violación sistemática a los derechos humanos de todos los nicaragüenses", indicó en una denuncia pública la Alianza Cívica, contraparte del Gobierno en las negociaciones para superar la crisis de Nicaragua, que se mantienen suspendidas desde abril pasado por la falta de cumplimiento de los acuerdos de parte del Ejecutivo.

La Alianza y otros movimientos de la oposición reclaman al Gobierno que cumpla con los acuerdos adquiridos en marzo pasado, en la mesa de negociaciones, en los que se comprometió a respetar la Constitución en lo referido a las libertades de expresión y de prensa, así como la liberación de los "presos políticos".

"La liberación de todas y todos los presos políticos es el primer paso y seguiremos exigiendo hasta que el régimen cumpla. Sin embargo, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen no pueden quedar en la impunidad", destacó la Alianza.

El Gobierno insistió en que ha cumplido con cada uno de los compromisos, sin embargo el asedio policial y capturas de toda persona que considera opositora contradice el discurso, según los miembros de la Alianza Cívica.

"Continúan estos atropellos a los derechos humanos de quienes nos oponemos a un régimen autoritario y exigimos un cambio. También continúa nuestro compromiso por lograr libertad plena para ejercer nuestros derechos constitucionales, democracia y justicia para las víctimas", agregó el movimiento.

Esta mañana la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se sumó a los reclamos de la oposición, al señalar que "resulta imperativa la liberación total y el cierre de causas judiciales" de los "presos políticos", además de expresar "la urgente necesidad de restablecer plenamente las libertades en Nicaragua".

El país centroamericano atraviesa una crisis que, desde el estallido social de abril de 2018 contra el presidente Daniel Ortega ha dejado 326 muertos, según la CIDH. Organizaciones humanitarias calculan en 594 el número de víctimas, y el Gobierno reconoce 200.

La CIDH sostiene que el Gobierno de Ortega ha ejecutado crímenes "de lesa humanidad" en el marco de la crisis.

POLICÍA SECUESTRÓ A ABOGADO

Jinotepe.- El abogado y notario público, Bosco Antonio López Lazo, fue retenido en la estación policial de Jinotepe tras haber sido secuestrado por la Policía Orteguista (PO), que le allanó su vivienda. Según familiares, López está siendo investigado por posesión armas de fuego.

El allanamiento, según los vecinos, se realizó entre las 4:00 y 4:30 de la tarde por policías vestidos de azul – celeste, los que bloquearon una calle del barrio Ernest Thelman. Los uniformados se movilizaban en una patrulla con logotipos de la institución. Al momento de su secuestro, López se encontraba solo.

En el inmueble, no se encontró armamento y los únicos bienes que le ocuparon al abogado, fue su billetera y teléfono celular. La zona donde habita López, con la insurrección cívica, estuvo llena de barricadas.

El pasado 11 de junio, cuando se dio la última liberación de reos políticos, se vio a López saludar a otros pobladores que esperaban al mayor en retiro del Ejército, Tomás Maldonado, mientras circulaba a pie por el sector del barrio San José.

Los familiares niegan que el jurista haya participado en marchas o protestas que se originaron el año pasado contra la dictadura de Daniel Ortega y esperan que este viernes, que se cumple el término de las 48 horas del proceso investigativo, sea dado en libertad ya que de lo contrario, argumentaron, acudirán a interponer la denuncia a organismos de derechos humanos en Managua.

López tiene dos hijas; una de 20 años y otra de 18 años. Hasta el momento se le ha permitido el ingreso de alimentos en la cárcel.

Tras el estallido social que inició en abril de 2018 abogados del departamento de Carazo, que fueron señalados de opositores al gobierno, por miedo a ser apresados, tuvieron que abandonar el país.

(EFE) (La Prensa - Nicaragua)