Cárcel para la mujer que intentó matar a su hijo

“El juzgado Quinto Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí dispuso la detención preventiva de Magalí S. R., madre que intentó ahorcar a su propio hijo en vía pública de esa ciudad”.

“La sindicada ni siquiera tiene acreditado dónde tiene constituido su domicilio, por lo que la Juez Quinto Cautelar de la capital dispuso la aplicación de la medida extrema de ultima ratio, detención preventiva para la ciudadana Magali S. R.” (*).

Y el ciudadano común considera que estos casos de tentativa o consumación de infanticidio deberían haber merecido, desde mucho tiempo atrás, de serias investigaciones por parte de alguna repartición del Poder Judicial, para poder saber de miles de casos de divorcios legales en nuestro país. Es necesario conocer cuántos de estos padres divorciados han cumplido el compromiso económico de pagar las pensiones familiares mensualmente, para cubrir los gastos necesarios e imprescindibles para la supervivencia de sus hijos e hijas abandonadas.

También considerando las reiteradas quejas de un gran número de madres divorciadas, ya que solamente un 40% de los padres divorciados legalmente, debe estar cumpliendo la obligación judicial que tienen. Y un 30% apenas lo hace por mucha exigencia y ruegos de los hijos e hijas abandonados. Ellos en las primeras semanas de todos los meses del año tienen que merodear, como pordioseros, por las nuevas y flamantes casas donde ahora viven los padres divorciados, con sus nuevas familias. Esas viviendas no tienen comparación con los estrechos cuartos en alquiler de dos por dos metros en los tienen que vivir los menores abandonados, mejor dicho sobrevivir, en medio de la incomodidad y promiscuidad. Claro está, si es que los han podido encontrar, porque los dueños de casa de antes y de ahora no quieren familias con hijos.

Esas familias abandonadas tienen que recorrer, como gitanos, de casa en casa y de amistades caritativas que permitan a las madres e hijos pasar, por lo menos una noche, porque simplemente no tienen y nunca tendrán un domicilio acreditado.

Y qué decir del restante 30% de padres a los que simplemente no les da la gana de cumplir con el compromiso legal que han firmado. Y que lo mismo les da ver a sus hijos e hijas en las calles, en situaciones lamentables que se asemejan a la mendicidad.

Por todo lo anterior, y para evitar que las cárceles se llenen de madres divorciadas o abandonadas que han cometido el delito de infanticidio, es que el ciudadano común se permite sugerir a las autoridades judiciales una drástica sanción al padre que abandone a sus hijos, así como la creación de la “casa para las mujeres divorciadas y abandonadas”. Y en cuanto a los hijos abandonados, internarlos en los hogares de menores que corresponda. ¿Verdad que sí?

(*) EL DIARIO, 23.06.19