Rechazo estatal ante catástrofe ambiental

Todo hecho, acontecimiento o fenómeno tiene un origen o una causa. La catástrofe ambiental de la Chiquitania tiene también sus propias causas. La primera, es la política oficial de ampliación de la “frontera agrícola”, en principio para el biocombustible y la colocación de carne en el mercado chino. La segunda causa no es otra que el “chequeo” por obra de los miles de comunarios de tierras altas trasladados al Oriente del país por motivos político-electoralistas del Gobierno y de su política prebendal, esta vez a favor de comunidades a las que reclama lo apoyen.

Estudios de instituciones especializadas dan cuenta que el 95% de las tierras distribuidas en Santa Cruz en los últimos años beneficia a la Confederación Única de Campesinos de Bolivia, adicta al MAS, y a la Federación de Colonos. Este reparto se hace a expensas de las reservas fiscales. Los dos factores indicados al inicio son los responsables de los incontenibles incendios que han arrasado ya 4.000.000 millones de hectáreas hasta mediados de septiembre en curso.

Como se ve, esta catástrofe ambiental no ha sido sofocada y persiste peligrosamente, pese a toda la capacidad empleada. Son cada vez más insistentes las demandas para una declaratoria de catástrofe nacional que la Gobernación cruceña casi desesperadamente exige al Gobierno Nacional. El Jefe de Estado, Evo Morales, se resiste a esa declaración porque siendo candidato presidencial en plena campaña electoral, no le conviene asumir esa medida para no dar la impresión de que su Gobierno es incapaz de enfrentar la catástrofe.

Voces oficialistas lo corroboran, alegando que una ley datada unos años atrás, establece que el desastre sobreviene cuando el Estado ha sido rebasado en lo económico, material y técnico, de tal modo que se encuentra en condición apocalíptica y clama auxilio a la comunidad internacional. Sin embargo, países del Asia y otros han efectuado este requerimiento sin llegar a tal extremo. Siguen existiendo después de haber sido auxiliados convenientemente, salvando las crisis naturales o de otra clase por las que atravesaron.

La famosa ley de desastre nacional es, al fin y al cabo, obra del mismo Gobierno actual, elaborada como previendo que el éxodo de población al Oriente que suscribe, ocasionaría en algún momento un desastre ambiental. No en vano toda su legislación secunda sus actos buenos o malos a lo largo de 14 años continuos. El balance trágico contempla aún, después de dos meses de ataque, algo menos de 12.000 focos de calor y varias poblaciones de Santa Cruz en inminente amenaza por el fuego descontrolado, como San Ignacio de Velasco, Concepción, San Matías y otras menores.