Delitos contra el país deben ser juzgados y sancionados

Las páginas de la historia muestran que gobiernos legales e ilegales que han cometido faltas y delitos contra el Estado -atentados contra los derechos humanos, acciones en contra del bien colectivo, actos corruptos que han acarreado serios perjuicios a la comunidad y que han desprestigiado al país, conjuntamente conductas ajenas al bien común y manejo festinatorio, irresponsable y delictivo de los medios financieros del país- no han sido juzgados y sancionados oportunamente. Diversas circunstancias han dado lugar a que todo quede “para después” y muchos casos sean olvidados definitivamente, creando antecedentes funestos.

Se ha logrado la vigencia de la institucionalidad, de los derechos humanos, de las libertades conseguidas luego de varios sacrificios y el imperio de los principios democráticos, después del alejamiento definitivo de una gestión totalitaria, corrupta e inclinada a prórrogas indefinidas en el gobierno de la nación. Pero el país no puede olvidar que es deber ineludible el investigar, juzgar y sancionar por todos los hechos contrarios a la Constitución y las leyes que hayan cometido quienes gobernaron el país durante 13 años, 9 meses y días. Este es el caso del partido político Movimiento al Socialismo -encabezado por quien buscó eternizarse en el poder atropellando la Constitución, las leyes y la voluntad expresada por el pueblo mediante el Referéndum del 21 de febrero de 2016- que niega sobrepasar los términos fijados por la Ley de Leyes y que el pueblo ha exigido que se cumplan.

Las faltas y delitos que desde puestos de poder cometen tanto dignatarios de Estado como Presidente, Vicepresidente y ministros, así como componentes del Poder Legislativo y otros, no pueden ser pasados por alto, menos poseer inmunidad e impunidad luego de desempeñar funciones de administración del país, que requieren ser cumplidas con honestidad, honradez y responsabilidad. Deben ser responsables de su conducta porque así lo juraron y prometieron al hacerse cargo de las funciones que les fueron encomendadas para un buen, honesto y digno desempeño.

Quienes violan la Constitución y las leyes atenidos al poder que tengan, merecen no solamente doble condena por lo mal hecho sino la censura y la condena del pueblo porque deben ser responsables de sus actos, que deben ser cumplidos conforme a la moral, la Constitución Política y las leyes. Son, pues, faltas y delitos que no pueden soslayar el juzgamiento y su respectiva condena por parte de jueces idóneos y competentes.

Así, conforme a la Constitución y las leyes, quienes cometen delitos contra el Estado deben ser juzgados y sancionados; por otra parte, quienes aceptan esos delitos se convierten en cómplices y también deberían ser sancionados enérgicamente; no obrar en contra de quienes demuestran conductas contrarias a los intereses nacionales no hace otra cosa que traicionar la fe y confianza depositada en ellos, al margen de crear antecedentes funestos para la vida moral del pueblo.