Transparencia: la esencia en tiempos del Covid-19

El BID, organismo que financia en América Latina programas contra el Covid-19, recomienda “tres claves para que la emergencia sanitaria no se convierta en una crisis de integridad”.

En el caso boliviano, por los acontecimientos que sucedieron y suceden cotidianamente, como con los respiradores, compra de alimentos, medicamentos y otros, pareciera que los gobernantes -en los tres niveles- no tuvieron tiempo de leerlo. O debemos suponer que estos hechos se dan –pensando ingenuamente- por la ausencia de formación y experiencia en materia de gestión pública, debilitando la lucha contra la pandemia y deslegitimando su gestión gubernamental.

La crisis dio al Gobierno la oportunidad de cambiar la conducta y recuperar principios de ética -honestidad-. Estuvimos equivocados; el documento del BID recuerda que: “durante los desastres naturales, epidemias, crisis humanitarias o actividades para estimular la economía se incrementan los riesgos de integridad en el uso de los recursos públicos”.

Este documento señala con pertinencia lo que podría suceder, en caso de NO seguir estas recomendaciones, porque -sentencia- “a pocas semanas de que hayan entregado los paquetes de ayuda económica han aparecido los primeros indicios de irregularidades: conflictos de interés, precios por encima de los niveles de mercado, contratación de firmas creadas ad hoc… etc.”.

Esto parece la crónica anunciada de la corrupción generalizada en los tres niveles de gobierno, sin derecho a exigir rendición de cuentas por la verticalidad de las decisiones y acciones, de no ser por la difusión por las redes sociales, como en el caso de los respiradores, que continúa escondida tras una cortina de humareda negra y poco transparente.

¡No se trata, de aquí en adelante, de exigir auditorías! Parece demasiado tarde al haberse evaporado la confianza de los ciudadanos sobre los gobernantes y puesto un velo nada transparente sobre la verdad y honestidad esperada. Estos hechos deberían haber sido los puntales humanos de la actuación y gestión gubernamental y no la propaganda política.

En el país no existe la rendición de cuentas en ninguno de los niveles de gobierno, después de más de 60 días de iniciada la emergencia sanitaria, por la vía física/tradicional o digital, pese a que el BID diseña y desarrolla “un módulo” para el seguimiento a través del “mapa de inversiones” que está a disposición de los países.

Lamentablemente, en el nuestro no se posibilita el acceso para que los ciudadanos dispongan de “una herramienta tecnológica llamada Rindiendo Cuentas, para la visualización de datos que permitirá brindar información detallada sobre el destino y uso de los recursos públicos disponibles para enfrentar la crisis del coronavirus”.

Para que los ciudadanos puedan informarse, participar y controlar toda la información, se le debe permitir conocer y hacer seguimiento a programas, subsidios, contratos y ejecución del gasto, vinculados a la respuesta del gobierno a la crisis sanitaria actual.

Ahora, se imposibilita la transparencia sobre el manejo de estos recursos y se desconoce las recomendaciones del BID.

Tres son los elementos centrales y sencillos de esta herramienta dispuesta por el organismo financiador. Bastaría que el gobierno emita una norma –respetando la autonomía- para que los gobiernos departamentales y locales se enmarquen en estos dispositivos legales-tecnológicos, que darían una frescura diferenciadora con lo que sucedía en gestiones anteriores, dando además la legitimidad y confianza en su gestión; pero nada de ello sucede.

Se conoce que el gobierno, a través del Ministerio de Economía, emitió la resolución ministerial 043/2020 del 7 de febrero mediante la cual modifica el manual de operaciones del SICOES del 30 de julio de 2015.

Esta modificación establece que “no corresponde el registro en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de las contrataciones por desastre y/o emergencia”. … Una lástima, ¿verdad?

Esta plataforma tiene herramientas que están en constante evolución por la información agregada diariamente y tienen la enorme ventaja –cuando todo es transparente- de que por los datos que contienen pueden y deben ser auditados por los ciudadanos. El mapa de inversiones, a través del nuevo módulo Covid-19 busca, justamente, promover los principios de transparencia, participación y colaboración.

Para cumplir su misión –concluye-, la herramienta deberá estar en constante evolución a fin de integrar de manera flexible fuentes de información existentes y futuras que ayuden a responder a la emergencia e incorporar la retroalimentación en la vía de la participación ciudadana. Por tanto, de aplicar lo señalado no sería necesario instruir auditoria alguna, que demora meses, para dar trasparencia, procesando la información al instante, ¡¡¡y que no esté sujeta a la manipulación de las auditorías!!!

…. tienen la palabra.

El autor es arquitecto y radica en la ciudad de Cochabamba.