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Viceministro de Transparencia
El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, recordó este sábado que los instructivos del Órgano Judicial, referidos a control jurisdiccional en cuarentena, privaron del acceso a la justicia a muchos bolivianos y paralizaron las investigaciones de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia sobre los casos de corrupción del gobierno de Evo Morales y, como consecuencia, se cesó la detención carcelaria de varios acusados.
“Los juzgados permanecen cerrados por más tiempo que otras instituciones pese a la flexibilización de la cuarentena, eso obstaculizó las investigaciones. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es responsable de que los acusados de corrupción en el gobierno de Evo Morales, implicados en pérdidas millonarias para el Estado, estén siendo liberados u obteniendo detención domiciliaria por falta de avance en las investigaciones, como Nemesia Achacollo”, expresó.
A este panorama se suma la falta de respeto a la ley y el accionar ilegal de algunos administradores de justicia, como es el caso del juez Alan Zárate, que “de manera arbitraria, oficiosa e ilegal cesó la detención preventiva de Achacollo”, cuestionó Melgar.
El numeral 2 del artículo 239 del Código de Procedimiento Penal establece que la detención preventiva cesará cuando se cumpla el plazo de duración impuesta por el juez, salvo que el fiscal solicite su ampliación, y en este caso la Fiscalía no solicitó la ampliación en virtud de las decisiones del Órgano Judicial asumidas dentro la cuarentena por la pandemia del Covid-19, acotó la autoridad.
DATOS
El TSJ determinó mediante la circular 042/2020 suspender desde el 23 de marzo el tratamiento de casos anteriores a la cuarentena, medida que el Gobierno nacional flexibilizó desde el 1 de junio. A pesar de que otras instituciones, como la Fiscalía, retomaron sus actividades, los juzgados continuaban cerrados, lo que impidió el avance de las investigaciones de casos de corrupción, como el del Fondo Indígena, que causó un daño económico de $us 170 millones.
El Ministerio de Justicia lleva adelante 60 procesos por corrupción contra el gobierno de Evo Morales, los cuales quedaron paralizados debido a la suspensión de actividades en el Órgano Judicial.
Melgar recordó que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y que el perjuicio del TSJ por la paralización de sus actividades llegó incluso a víctimas de violencia y familias de víctimas de feminicidio, cuyos agresores también obtuvieron libertad o detención domiciliaria.
